El primer ministro luso, José Sócrates, ha presentado su dimisión, tal y como dijo que haría en el caso de que su último plan de austeridad fuera rechazado por el parlamento, lo que finalmente ha sucedido en la tarde de este miércoles. Lo que ofrece pocas dudas es que el rechazo a este plan de reducción del déficit –el cuarto presentado en los últimos doce meses–, además de provocar un adelanto electoral, va a reducir las pocas posibilidades que ya tenía Portugal de evitar su rescate por parte de la UE y el FMI en unos momentos en el que el rendimiento de los bonos lusos a cinco años acaba de superar la insostenible cuota del ocho por ciento.
A pesar de ser la última oportunidad que tenían los portugueses de evitar la intervención internacional, la oposición en bloque, tanto conservadores como marxistas, ha votado irresponsablemente en contra de este nuevo paquete de medidas de ajuste apelando a su excesivo "coste social". Este último plan de austeridad contemplaba, ciertamente, un recorte del cinco por ciento de media en las pensiones superiores a 1.500 euros, a lo que hay que añadir la congelación de sueldos públicos y del índice que se utiliza para calcular impuestos, pensiones y prestaciones sociales que ya aparecía en la actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento presentado el pasado viernes. Entre las medidas orientadas a reducir el gasto, también estaban la reducción de costes en el sistema de salud, la "racionalización" de la red educativa, los recortes en beneficios sociales no contributivos, la revisión de indemnizaciones e inversiones en las empresas públicas y la disminución de las transferencias del Estado a las diferentes regiones en que se divide el país.
Con todo, no es menos cierto que Portugal, gracias a la irresponsable política de dinero barato orquestada por el Banco Central Europeo, se había acostumbrado a vivir muy por encima de sus posibilidades, y que ahora ya no tiene forma de seguir huyendo de una realidad que le reclama el pago de sus facturas.
Teniendo en cuenta que la exposición española a la deuda pública y privada portuguesa roza la friolera de los 80.000 millones de euros (es decir, el 8 y pico por ciento de todo nuestro PIB y el 35% de todo el crédito internacional luso), la crisis del país vecino no viene si no a hacer todavía más inevitables, si cabe, las reformas que el Gobierno de Zapatero todavía se niega a tomar. Tras los "simulacros" de reforma que nos ha presentado en el ámbito del mercado laboral y en el de la reducción del gasto, se supone que Zapatero había adquirido ante Alemania y el resto de socios europeos el compromiso de una auténtica reforma que ligara los salarios a la productividad, así como un plan para limitar por ley el descontrolado déficit de las autonomías. Ese compromiso, en caso de llegara a materializarse, debería contar con el respaldo del PP, salvo que el principal partido de la oposición en España quisiera seguir el demagógico e irresponsable ejemplo de la oposición en Portugal.
Con todo, está visto que Zapatero dice pero no hace, y que ni siquiera ahora, cuando sus perspectivas electorales son nulas, es capaz de llevar a cabo auténticos planes de austeridad y de reforma que, no por impopulares, dejan de ser ineludibles para nuestra recuperación económica. Sócrates, aunque haya sido tarde, al menos ha querido irse haciendo lo que debía. Aqui, con Zapatero, ni eso.