La semana pasada conocimos que por primera vez en nuestra historia la deuda de las comunidades autónomas superaba el 10% del PIB: en concreto, 107.624 millones de euros. La cifra podrá no parecerles a muchos demasiado espectacular, teniendo en cuenta que el déficit anual del conjunto del Estado se situó en 2009 en el 11,2% del PIB. Sin embargo, el dato adquiere tintes mucho más preocupantes al matizar que el 50% de toda de esa deuda se generó en los últimos dos años y que el despilfarro autonómico, lejos de moderarse, se está acelerando: en los nueve primeros meses de 2010, las autonomías ya se han endeudado casi un 20% más que en todo el ejercicio anterior.
Se trata, qué duda cabe, de una onerosa carga para nuestra solvencia: además de que los esfuerzos de la Administración central por cuadrar sus cuentas casi brillan por su ausencia, los jerarcas autonómicos parecen empecinados en competir por ver quién es el que más gasta. Si Zapatero ha hecho poco caso a la austeridad que le han exigido desde Bruselas, el resto de administraciones no se han sentido en absoluto aludidas a tal llamamiento.
Y no será precisamente porque los presupuestos autonómicos no tengan partidas superfluas, redundantes o innecesarias que puedan suprimirse de un plumazo. Sin ir demasiado lejos, la Fundación UPyD calculó hace unos meses que el gasto de las autonomías podría minorarse cada año en 26.000 millones de euros simplemente si todas ellas se dedicaran a mejorar la eficiencia con la que prestan sus servicios. En otras palabras, esa muy considerable reducción de 26.000 millones anuales ni siquiera contemplaba eliminar partidas de gasto, únicamente proponía racionalizarlo.
Pero lo cierto es que sí hay numerosas partidas que tanto por austeridad como por higiene democrática deberían suprimirse por entero. Resulta incomprensible cómo, mientras el país vive sometido a un continuo riesgo de suspender pagos, nuestros caciques regionales siguen dilapidando nuestro dinero a manos llenas: museos de la boina, intérpretes catalán-español, deficitarias televisiones públicas, sobresueldos y coches oficiales... Sea mucha o poca la cuantía total de estos gastos, no puede admitirse que mientras se están pidiendo sacrificios duros pero necesarios a todos los españoles, la casta política siga disfrutando de insultantes prebendas a cargo de un contribuyente cada vez más asfixiado.
El cambio que necesita España para sobrevivir económicamente pasa por acabar con los injustificables privilegios de un estamento político que se ha llegado a creer, no ya que el dinero público no es de nadie, sino que es suyo. Si el PP aspira a liderar ese cambio, debería empezar por dar ejemplo en las autonomías donde gobierna, y de momento sólo Madrid y Castilla y León están manteniendo a raya el déficit. Es hora de ponerle el cascabel al gato y de mostrar si el PP realmente alternativa o sólo una continuidad turnista del manirroto régimen socialista en que se ha convertido nuestro país.