Por mucho que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insista en el mantra de la austeridad, los datos son tozudos. España sigue contando con un sector público sobredimensionado, cuyo costoso mantenimiento se traduce, de una u otra forma, en destrucción de riqueza y empleo debido a la confiscatoria fiscalidad que soportan familias y empresas. El gasto público se sitúa en niveles récord, el déficit se mantiene en el 7% del PIB y la deuda avanza sin freno hacia el peligroso umbral del 100%. El Gobierno se escuda en que el desplome de la prima de riesgo está permitiendo un importante ahorro de intereses al conjunto de los españoles, pero olvida que los costes financieros no han dejado de aumentar durante la crisis debido al creciente volumen de deuda pública que acumula el país. Pero, si hay un dato que escenifica a la perfección la ausencia de ajustes en esta materia, éste es, sin duda, el ingente tamaño de la Administración paralela.
Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones manejan más de 20.000 entes públicos, entre sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones, cuyas cuentas, además, se caracterizan por la opacidad y el descontrol. Esta Administración paralela constituye el exponente más claro de que el despilfarro público sigue campando a sus anchas a pesar de la crisis, además de propiciar un entorno idóneo para que prenda y prospere la corrupción política hasta límites insospechados. No en vano, los auditores alertan de que, si bien la supervisión de dichos entes suele ser elevada a nivel de Estado, ésta brilla por su ausencia en las comunidades autónomas y es prácticamente inexistente a nivel local, de modo que su gestión escapa al control externo de los órganos de fiscalización pública, cuya eficacia, por otra parte, es ciertamente limitada e insuficiente.
Una de los muchos compromisos que adoptó el PP cuando llegó al poder fue, precisamente, reducir de forma drástica el tamaño del sector empresarial público, mediante la eliminación y fusión de entes inservibles y absurdos, con el consiguiente ahorro para el sufrido bolsillo del contribuyente. Sin embargo, atravesado ya el ecuador de la legislatura, el citado ajuste ni está ni se le espera. Prueba de ello es que el número de empresas, consorcios y fundaciones en manos de las comunidades autónomas ronda las 2.000 unidades, un nivel próximo al que existía en 2007, en plena burbuja económica y crediticia, a pesar del tímido recorte aplicado en los últimos años. Y ello, sin contar que los ayuntamientos han logrado mantener en pie la mayoría de sus entes gracias a la connivencia y complicidad de la Administración Central.
El hecho de que todavía existan más de 20.000 entes paralelos, a pesar de la grave crisis presupuestaria que sufre el país, evidencia, por un lado, la insostenible burbuja en la que se ha instalado el sector público valiéndose del esfuerzo y el sacrificio fiscal de familias y empresas, y, por otro, el rechazo frontal de la clase política a prescindir de una estructura que tiene como principal fin el enchufismo, el despilfarro y la corrupción, como bien demuestran los abundantes escándalos que han surgido a la sombra de dicha Administración en los últimos años. En España no hay voluntad política para acabar, de una vez por todas, con el ingente derroche que representan las sociedades, consorcios y fundaciones del sector público. España debe reducir el gasto público y redimensionar la estructura estatal para mejorar su eficiencia y acabar con el déficit, pero esta fundamental tarea debería empezar con la eliminación completa de los miles de entes inservibles que parasitan España.