La gestión de los autodenominados ayuntamientos del cambio se ha convertido en un ataque liberticida sin precedentes, ejecutado con la inexorable meticulosidad que caracteriza a las organizaciones con clara vocación totalitaria.
El rechazo a los principios que garantizan la sana independencia de la sociedad civil y la persecución sistemática de las libertades individuales son, como estamos viendo, las principales señas de identidad de los gobiernos municipales vinculados a Podemos.
Pero esta ofensiva para anular cualquier resquicio de oposición al poder político detentado por la camarilla bolivariana quedaría incompleto si no incluyera un vasto programa de medidas para acabar también con cualquier vestigio de libertad comercial.
En estas coordenadas hay que entender la decisión del ayuntamiento de Barcelona, regido por la inefable Ada Colau, de suspender la concesión de nuevas licencias para establecimientos públicos en el barrio de Ciutat Vella, uno de los más frecuentados por los turistas que visitan la ciudad condal.
Por decisión de la alcaldesa, los empresarios de la zona no podrán abrir ningún nuevo negocio hasta nueva orden, un alarde autoritario inaudito en cualquier ciudad populosa que pretenda prestar cada vez un mejor servicio al turismo. Mientras los gobiernos municipales de las principales ciudades de todo el mundo tratan de potenciar los servicios dirigidos a quienes las visitan, la segunda ciudad de España, en manos de una banda de indocumentados sin experiencia profesional de ningún tipo, va a llevar a cabo un nuevo experimento de ingeniería social que, además de empobrecer a la ciudad, causará enormes perjuicios a los empresarios dispuestos a crear riqueza y puestos de trabajo.
La moratoria para la construcción de hoteles, otra ocurrencia sectaria de Colau, queda así completada con la ofensiva anticomercio de Ciutat Vella para que no queden dudas de que la gestión del municipio está inspirada en el más recio chavismo, en lugar de seguir los usos habituales de los países más avanzados.
Las relaciones comerciales son el principal vehículo para el avance de la civilización, como ha demostrado la historia con elocuencia inapelable. Tratar de cercenar el talento y la voluntad de los emprendedores con prohibiciones indiscriminadas que nada tienen que ver con el respeto a las leyes es, además de un ataque intolerable a la libertad del individuo, la perfecta garantía de un progresivo empobrecimiento colectivo.
A Podemos y sus organizaciones satélites no les importa depauperar a la sociedad. Al contrario, cuanto mayores son los índices de pobreza, más dispuesta está la gente a agradecer las migajas estatales. Es el modelo impuesto en Hispanoamerica con el asesoramiento de los que, ahora en España, quieren hacer de sus principales ciudades una absoluta vergüenza mundial.