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Para los que creemos que los etarras no matan por matar, sino por hacer realidad los delirios totalitarios, expansionistas y secesionistas que les inculcó el nacionalismo vasco, cualquier "proceso de paz" o cualquier oferta de "final dialogado de la violencia" constituye, quiérase o no, una fuente de esperanza para los terroristas. Gracias a estas promesas, los etarras acaban creyendo que, llegado el momento, no sólo no tendrán que pagar por sus crímenes sino que cobrarán políticamente por dejar de perpetrarlos.
El imperio de la ley es incondicional; no por nada a la Justicia se la representa vendada. No aspira, por tanto, a obtener publicitados "comunicados de paz" ni circenses "entregas de armas"; sólo a perseguir y, al tiempo, convencer a los terroristas, uno a uno, de que deben abandonar toda esperanza de lograr algo, por matar o dejar de matar. Ni los más descerebrados kamikazes se inmolan en matanzas que consideran estériles. Los etarras, que no son precisamente suicidas, hace tiempo que hubieran dejado definitivamente de matar si hubieran llegado a la convicción –anónima y personal– tanto de la severidad y certeza de los costes penales, como de la nula obtención de los beneficios políticos esperados, que sólo son tales para la mentalidad nacionalista.
Aunque Aznar tanteara la impunidad y cometiera el error de sentarse a negociar con quienes la ley exige –en todo momento– detener, el anterior presidente quiso dejar claro, desde el primer momento, que no pagaría precio político alguno por la paz. Ninguna cesión política hizo el gobierno del PP, como tampoco lo hicieron los anteriores, ni para obtener ni para prolongar una tregua que los terroristas, además, habían pactado con los partidos separatistas de Lizarra. Una tregua que, tras su finalización, llevó a los principales partidos nacionales a la aparente determinación de optar, por primera vez en la historia de nuestra joven democracia, por la vía de la derrota de la organización terrorista, dejando de lado el apaciguamiento.
Hoy la tregua que nos ocupa es un pacto entre la organización terrorista y un gobierno que ya ha sido aliado del separatismo catalán y que se dispone a serlo del separatismo vasco. Un pacto en forma de "alto el fuego" que el gobierno del 14-M, antes de consensuarlo con la propia ETA, había buscado denodadamente con pagos por anticipado tan bochornosos como su alianza con los separatistas, el entierro de la joven ley de partidos, la neutralización de las víctimas y de algunos fiscales y jueces o el guiño a todos los separatistas vascos, proetarras del PCTV y de la propia Batasuna incluidos. Un pacto que ya no busca el apaciguamiento por la vía penal, sino también por la vía política. Un pacto disfrazado de aparente "ausencia de violencia" por cuya conservación, por lo menos hasta las próximas elecciones, Zapatero parece dispuesto a que "todo quepa, tenga el alcance que tenga".
La existencia de atentados incruentos durante los dos primeros años de legislatura, no nos hizo perder la convicción de que ETA y el Gobierno del 14-M llegarían finalmente a este anestésico "pacto-tregua" para poder disfrazar electoralmente de "paz" la inherente ruptura del consenso constitucional del 78 y las subsiguientes cesiones jurídico-políticas al separatismo.
Tanto aquellos atentados de "baja intensidad" como los que se han producido estos días, deben, por supuesto, ser firmemente condenados y señalados como recordatorio de la naturaleza chantajista y criminal de esa organización terrorista con la que el gobierno del 14-M quiere cerrar el "pacifista y dialogante" frente anti-PP. Pero eso no es óbice para señalar asimismo que el pacto de la organización terrorista y del gobierno, aunque frágil, es real.
El "alto el fuego" es un pacto entre ETA y el Gobierno del 14-M pero, al mismo tiempo, constituye un chantaje. Zapatero quiere encubrir ambas naturalezas en una anestésica y electoralista "paz" electoral. Y esa "paz" bien vale, a los ojos de ZP, los oficios de la "nación vasca", que se habrán de celebrar, eso sí, antes de las generales.

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