España sigue registrando una tasa de paro superior al 20% ocho años después del inicio de la crisis, un nivel intolerable y vergonzoso para cualquier economía desarrollada. Tan sólo Grecia se sitúa por delante en esta materia. El drama del desempleo es la mayor preocupación de los ciudadanos, pero también la raíz de los principales problemas económicos y sociales que sufre el país, desde el aumento de la pobreza y los desahucios hasta el fenómeno de la emigración o las dificultades para hacer frente a las facturas. Casi todos los males que tan insistentemente denuncian políticos y medios de comunicación tienen su epicentro en el defectuoso mercado laboral.
Ahora bien, ¿cómo es posible que España lidere este bochornoso ranking mientras que el resto de economías azotadas por la crisis, a excepción de Grecia, sufren tasas de desempleo mucho más bajas e incluso han recuperado los niveles de ocupación previos a la crisis? La respuesta no por menos difundida es menos obvia. España era, y sigue siendo en muchos aspectos, una de las economías con mayor rigidez laboral del mundo -junto a Grecia-. Esta particular lacra ha propiciado el tener que soportar un paro medio del 18% desde los años 80, un fenómeno excepcional entre las economías ricas.
La reforma laboral de 2012, la principal y casi única medida económica positiva que aprobó el Gobierno del PP en la pasada legislatura, corrigió parte de ese problema mediante la introducción de cierta flexibilidad en las relaciones laborales. Sus críticos, defensores a ultranza del ruinoso modelo previo, olvidan que la crisis destruyó casi 3 millones de puestos de trabajo desde 2008 a 2011, antes de dicho cambio, y que sólo tras la citada reforma España ha vuelto a generar empleo a un ritmo considerable. Es decir, la flexibilidad laboral funciona, mientras que la rigidez ha cosechado un rotundo e indudable fracaso, por mucho que algunos se empeñen en afirmar lo contrario.
De hecho, según un reciente estudio de BBVA Research, la reforma ha salvado más de 900.000 empleos desde 2012. Si se hubiera adoptado en 2008, al comienzo de la crisis, hoy la tasa de paro rondaría el 13% en lugar del 21%. EEUU, Irlanda o Reino Unido, con burbujas inmobiliarias muy similares a la española, mantuvieron índices de desempleo mucho más bajos durante estos años y ya han recuperado los niveles de empleo previos a la crisis, gracias, precisamente, a esa mayor flexibilidad.
La tragedia, sin embargo, es que la inmensa mayoría de políticos no solo no han aprendido esta valiosa lección, sino que perseveran en el error, ya que abogan por reinstaurar la desastrosa rigidez del sistema anterior, auténtico origen de los problemas. El PSOE insiste en que su objetivo es derogar la reforma laboral para reflotar la primacía de los anquilosados y arcaicos convenios colectivos, otorgando así todo el poder a sindicatos y patronal en perjuicio de empresarios y trabajadores. Podemos va incluso más allá, puesto que quiere aumentar la rigidez laboral hasta límites insospechados. El PP, que, en realidad, nunca ha creído demasiado en las bondades de la flexibilidad, está dispuesto a sacrificar su propia reforma con tal de mantener el poder. Y Ciudadanos, cuyo referente a seguir -según dice- son los países nórdicos, adalides de la libertad económica, no ha dudado en traicionar sus principios tras pactar con el PSOE la derogación de buena parte de la reforma laboral.
Mientras esta errónea mentalidad no cambie para avanzar con firmeza en la correcta senda de la libertad económica y la flexibilidad laboral, España seguirá condenada a padecer un alto nivel de desempleo y una elevada precariedad. El problema del paro no es económico, sino político.