Una de las principales razones de que la recuperación económica esté siendo frágil y tardía se encuentra en la renuencia del Gobierno a reducir drásticamente el sobredimensionado sector público, especialmente el que genera el insostenible modelo autonómico. Aparcada la promesa electoral de llevar a cabo una auténtica reforma del sistema autonómico que erradicara las costosísimas duplicidades y sinsentidos, el Ejecutivo se contentó con plantear una "reordenación del sector público", propuesta mucho menos ambiciosa pero que trataba de evitar la confrontación abierta con los gobernantes autonómicos –especialmente los nacionalistas– y que básicamente se centraba en reducir algo la Administración paralela, constituida por empresas, consorcios, fundaciones, agencias y órganos de todo tipo y condición.
A principios de este año un triunfalista informe del Ministerio de Hacienda se jactaba de haber conseguido que el número de estos innecesarios entes hubiera pasado de 2.369 en julio de 2010 a 1.694 en enero de 2014, y de que el objetivo era llegar a 1.579 al finalizar 2015, con lo que el tamaño de la Administración paralela de las CCAA se situaría por debajo del nivel alcanzado en 2003.
No faltarán quienes consideren poco ambiciosos los objetivos y el ritmo de cumplimiento que el Gobierno plantea. Lo peor, con todo, es que ni si quiera lo que se plantea en ese informe es cierto del todo: como constata Manuel Llamas, estas cifras excluyen los entes en los que participan varias CCAA y los dependientes de Ceuta y Melilla, además de no contabilizar las del País Vasco, por no remitir Vitoria la información correspondiente.
Asimismo, la reducción de 675 entes incluye dos datos diferentes: la eliminación neta y efectiva de organismos (484), una vez descontados los de nueva creación; y entidades que aún existen pero que están en un proceso avanzado de extinción (191).
Lo cierto, en definitiva, es que las CCAA apenas han recortado un 10% su sector público instrumental y que, salvo contadas excepciones, las regiones más importantes mantienen un número de entidades muy similar al existente al estallar la crisis. Andalucía, por ejemplo, sólo ha eliminado 8 entidades desde enero de 2008, pasando de 353 a 345 (-2,3%); mientras que el ajuste de Cataluña apenas se limita al 5,7%.
No extrañe, sin embargo, el falso optimismo del Gobierno, pues encubre su falta de determinación y es plenamente acorde a esa política de mano blanda ejercida por Montoro con las autonomías más díscolas y despilfarradoras: lejos de sancionar e incluso intervenir las Administraciones que han incumplido de forma reiterada los objetivos de déficit, sin atenerse un ápice a los ajustes de gasto requeridos, Hacienda ha optado por mirar hacia otro lado y, lo que es peor, recompensarlas con la fijación de metas diferenciadas de déficit y una constante inyección de dinero para evitar su quiebra, como bien evidencia el escandaloso caso de Cataluña.
En definitiva: creer que el Gobierno del PP está acabando con el pesebre autonómico es tan iluso como creer que está cumpliendo su promesa de bajar los impuestos. Lo cierto es que el incumplimiento de lo primero explica en buena medida el incumplimiento de lo segundo.