La revelación del diario El Mundo sobre los cerca de 14 millones de euros que el PSC debe a La Caixa, no sólo confirma el descarado interés político de los gobiernos de Maragall y Zapatero en la OPA de Gas Natural sobre Endesa, sino también un escandaloso trato de favor hacia un partido político que, desde 1994, no ha devuelto ni un solo euro de un crédito vencido en esa fecha.
Viendo la designación política de sus miembros, no debía haber sorprendido a nadie el clamoroso cambio de criterio que, sobre este tipo de fusiones, reflejaba el pasado martes la Comisión Nacional de Energía al autorizar, con nimias condiciones, la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Menos aún, si la persona que preside el organismo regulador, Maite Costa, es amiga personal del ministro Montilla, primer secretario del PSC, y ex diputada, ella misma, del partido que tan escandaloso trato de favor recibe de La Caixa, accionista principal de Gas Natural.
El PP ha pedido, lógicamente, que el ministro Montilla se inhiba de tomar cualquier decisión, tanto en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, como del Consejo de Ministros, en el supuesto en que sea el Ejecutivo Central –y no la UE– el que deba decidir sobre la OPA. No obstante, la neutralidad e independencia de un ministro –o de un Gobierno– ante una operación en la que está implicada La Caixa, no sólo las desacredita el hecho de que el PSC adeude a esta entidad financiera 14 millones de euros, sino el propio control político que el tripartito ejerce sobre esta entidad que, como Caja de Ahorros, tiene una naturaleza semipública. Eso, por no hablar de las propias manifestaciones de Montilla contra la actual dirección de Endesa, o de los objetivos políticos reflejados en los Pactos del Tinell, como era el compromiso de “actuar desde la Generalidad, en concertación con el sector privado, para impulsar la creación o la consolidación, en su caso, de empresas y operadores catalanes, públicos o mixtos, en sectores estratégicos tales como los de la energía, telecomunicaciones, o infraestructuras”
Ahora vemos que el interés político socialista en esta OPA lo es por partida doble. Tanto para satisfacer los delirios intervencionistas del tripartito catalán a través de La Caixa, como para utilizar a esta entidad financiera en provecho de unas “ventajosas” vías de financiación al PSC que el propio Tribunal de Cuentas considera “irregulares”
