Las modificaciones consensuadas este martes entre el PSOE y PP en la Comisión Constitucional del Congreso tal vez hayan "mejorado" el lamentable texto del proyecto estatutario aprobado en el Parlamento andaluz con la otrora oposición del partido de Javier Arenas. El resultado, sin embargo, sigue siendo un autentico bodrio jurídico que, al margen de su dudosa constitucionalidad, sigue sin obedecer ni concitar el menor interés de la inmensa mayoría de la sociedad civil andaluza.
Qué duda cabe que añadir, por ejemplo, "el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos" mejora un texto que, como el inicial, se limitaba a definir como "laica" la enseñanza pública de los andaluces. Pero, si ya es lamentable confundir la "laicidad" que sigue proclamando el texto consensuado con la aconfesionalidad del Estado que propugna nuestra Carta Magna, mucho más confuso es preservar dicha "laicidad", tal y como hicieron PP y PSOE la semana pasada, yuxtapuesta a la añadida referencia al derecho electivo de los padres en materia educativa. Otro tanto se podría decir, por ejemplo, de la "muerte digna" y del añadido de que todos los andaluces tendrán "derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos". Con este añadido, el PP cree ahuyentadas posibles concesiones a los partidarios de la eutanasia, apreciación que estos últimos no comparten en absoluto.
Si, en general, ya es lamentable todo el titulo de derechos "sociales" –cuya salvaguarda debe corresponder a la Constitución de la nación, y no a los Estatutos de las autonomías–, más patética ha sido la concesión del PP de este martes para que Andalucía pueda ser definida como "realidad nacional". Por mucho que el PP haya logrado que ese disparate se enmarque en una referencia a la "unidad indisoluble de la nación española", semejante definición sigue mereciendo más el alegre desprecio de una chirigota que la acogida de un Estatuto consensuado con el Partido Popular.
Referirse para esa definición de Andalucía a la Constitución, cuando esta, efectivamente, habla de "regiones y nacionalidades", no es más que referirse a una errada concesión, jurídica y lingüística, a los nacionalistas vascos y catalanes en un estéril intento de contentar en 1978 a quienes ya han dejado en evidencia su deslealtad con nuestra Carta Magna. Si algo habría que superar son aquellas estériles, disgregadoras y reaccionarias concesiones al nacionalismo y no actualizarlas en un Estatuto andaluz que, con ese mismo objetivo, se ve forzado a desempolvar, nada más y nada menos, que el Manifiesto andalucista de Córdoba "que describió a Andalucía como realidad nacional en 1919".
Otro tanto se podría decir de la falta de aclaración en el texto resultante de las competencias exclusivas y blindadas que pretendía arrogarse el texto inicial, entre las que se encontraba, en medio del surrealismo, la del cante y el baile "flamenco"...
Y es que, por mucho valor positivo que le queramos dar a las modificaciones introducidas gracias al PP, este proyecto estatutario sigue siendo del exclusivo interés de una clase política autonómica que, a su vez, se nutre del deseo del Gobierno de ZP de camuflar las cesiones mucho más graves al nacionalismo vasco y catalán. Así, el PP va a perder fuerza y credibilidad en la necesaria resistencia a unos deplorables cambios a favor del nacionalismo que cuentan además a su favor con el previsto y anestesiante efecto de la mal llamada "paz".
Claro que, poca solidez en los principios –y en la estrategia– cabe esperar de un partido que, como le ha pasado al PP no sólo en Andalucía, los sustenta en arenas movedizas...
