El defectuoso diseño institucional dibujado en la Constitución y en la ley electoral puso en marcha desde el mismo nacimiento de nuestro régimen democrático un proceso difícil de frenar de creación de castas políticas regionales y desaparición paulatina de las competencias del Gobierno y Parlamento español. Hasta ahora, el único freno que había encontrado dicho proceso ha sido la natural resistencia de los políticos y los partidos nacionales, que sólo habían cedido en las, por otra parte numerosas, ocasiones en que habían necesitado del apoyo de partidos nacionalistas para gobernar. Sin embargo, incluso en esas ocasiones se había intentado pagar el menor precio posible. Hasta la llegada de Zapatero al poder.
Es normal que una vez inmersos, y no por voluntad propia, en la dinámica estatutaria impulsada por la irresponsabilidad de Zapatero, los populares hayan optado en el caso andaluz por procurar pactar para evitar los mayores daños que podría haber provocado un Estatuto de máximos. Sin embargo, todo paso en la dirección que marca el presidente del Gobierno es un paso contrario a los intereses de España y, por tanto, de los del único partido nacional que queda. El discurso de Rajoy, tan brillante como en él es habitual, no ha podido en esta ocasión esconder las dificultades de congeniar los principios que defiende el PP con su apoyo a este nuevo ataque a la soberanía nacional.
No es aceptable la retórica de acudir al taumatúrgico acuerdo entre los dos grandes partidos cuando al menos uno de ellos está traicionando tan gravemente la voluntad de sus votantes. Aunque sea cierto que el PP se ha visto obligado a intentar reducir la gravedad de un texto inaceptable, no lo es menos que jamás debería haber pasado por el aro de la mención a la realidad nacional. Nadie introdujo la papeleta del partido de Rajoy en una urna para encontrarse con que los representantes que así había elegido han acabado traicionando los principios por los que fueron colocados en sus puestos en primer lugar.
Con ser lo más importante y significativo, la "realidad nacional" no es lo único que el PP debería haber vetado por inaceptable. Este nuevo Estatuto consagra el derecho del CAC andaluz de inmiscuirse en los medios de comunicación privados; dispone de un capítulo de derechos y deberes similar al catalán, y que el PP consideraba inaceptable por diferenciar los derechos de los españoles según la comunidad autónoma en que residieran; incluye la exigencia de que el Estado invierta en Andalucía durante los próximos siete años de acuerdo con su población; crea una Agencia Tributaria andaluza e impone la participación del cortijo de Chaves en la CNMV, la CMT, el Tribunal de Cuentas, etcétera.
Todo ello fue denunciado por el PP y recurrido ante el Tribunal Constitucional, como debía ser. Pero cabe preguntarse ahora por qué, viendo cómo el PP se ha bajado los pantalones y ha aceptado todo aquello contra lo que luchó en la tramitación del Estatuto catalán y aún hoy intenta que el TC rechace. Seguramente se le vuelva a tachar de anticatalán, y lo malo es que ahora sí que resultará difícil responder a esa acusación. Y en todos los nuevos estatutos ahora en discusión se incluirá el paquete completo, previsiblemente con la anuencia del PP, pese a su promesa de que el valenciano debía ser el último Estatuto que pasara por las Cortes. Parece que sólo en Madrid hay dirigente regionales que ponen el modelo de la España constitucional por encima de mezquinas ambiciones de poder y catetas ansias de nacioncilla.
Con esta votación el PP no sólo ha destruido su discurso en materia estatutaria y de modelo de España. Con serlo, no es lo más grave que hasta sus más acérrimos defensores no puedan sino asentir ante la acusación formulada por De la Vega de que aceptan ahora para Andalucía lo que rechazaron para Cataluña. No, lo más grave es que han apartado de las urnas a muchos de quienes pretendían votarles, al haber eliminado las razones que tenían para hacerlo, reduciendo así las posibilidades de frenar este proceso en la próxima legislatura. Y, sobre todo, han desactivado en buena parte la resistencia que instituciones como el TC podrían haber presentado al proceso de destrucción de España.