Las pérdidas económicas que el nacionalismo, en general, y el desafío separatista, muy en particular, están infligiendo a Cataluña van mucho más allá de los cientos de millones de euros que la Generalidad viene despilfarrando –y, en algunos casos, malversando– en ilegales estructuras de Estado, redes clientelares e ilegales consultas secesionistas: la enorme inseguridad jurídica que implica la ruptura del orden constitucional en esa región, junto a otros factores como el exceso regulatorio y la presión fiscal, generan pérdidas todavía más cuantiosas, como las derivadas de la incesante fuga de empresas que el Principado viene sufriendo desde tiempo.
Sólo el año pasado, 802 empresas se trasladaron de Cataluña a otras regiones españolas, y sólo 531 hicieron el camino inverso, según datos de Axesor recogidos por Expansión. El saldo negativo para Cataluña fue, pues, de 271, lo que la convirtió en la comunidad autónoma con mayor deslocalización neta de empresas.
En el extremo opuesto está la Comunidad de Madrid, que terminó el pasado año con 424 empresas más que en 2015, por obra no sólo del efecto capitalidad sino de una notable estabilidad institucional y un marco fiscal benéfico.
Desde 2008 hasta 2016, Cataluña se ha infligido una pérdida neta de 2.522 empresas. Además, llama la atención que el año pasado, el primero de Puigdemont, las compañías que se marcharon fueron significativamente más grandes que las de ejercicios anteriores. Y es que estos 271 negocios tenían una facturación de 909,7 millones de euros al año, más del triple que la cifra de negocio de las compañías que se fueron en 2015.
Ante esta situación, a nadie debería extrañar que el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, haya manifestado que los empresarios "huyen como de la peste" de escenarios donde no se acata la legalidad, como está ocurriendo en Cataluña, donde sus dirigentes, ha denunciado, "están incumpliendo las leyes", generando así inseguridad jurídica a inversores y empresarios.
Está visto, sin embargo, que nada de esto preocupa a los sediciosos gobernantes regionales de Cataluña, que este martes han viajado a Bruselas para reunirse en una sala del Parlamento Europeo con separatistas de otras regiones de España y celebrar un acto al que no ha asistido una sola autoridad comunitaria, a pesar de que la Generalidad se ha gastó más de 120.000 euros en anunciarlo. Todo para publicitar una nueva consulta ilegal en 2017, para la que la Generalidad ya tiene presupuestados casi seis millones de euros.
Entre el dinero que los separatistas despilfarran y malversan y las inversiones que espantan, el procés está arrastrando a Cataluña no sólo a la ilegalidad sino al empobrecimiento.