Las palabras de Solbes considerando "razonable" un aumento del salario mínimo hasta los 800 euros son otra demostración de que la supuesta sensatez que se le atribuye es más un mito que otra cosa. Porque si hay algo sobre lo que se pueda decir que existe cierto consenso entre economistas es el hecho de que el salario mínimo, a partir de cierta cantidad, produce paro. La razón es clara. Todo empresario, a la hora de contratar a un trabajador, se enfrenta a dos límites a la hora de proponerle un salario. No podrá pagarle más de lo que el empleado aportará a la empresa con su trabajo, porque estaría perdiendo dinero, pero tampoco menos de lo que la competencia está pagando por empleos similares, porque no encontrará a nadie que quiera trabajar para él. Entre esas dos barreras entrará el juego de la negociación entre ambos.
Sin embargo, la imposición de un salario mínimo obliga al empresario a pagar más de una cierta cantidad. Si ésta es muy baja, prácticamente no tiene ningún efecto, pero si es lo suficientemente alta como para superar lo que algunos trabajadores son capaces de aportar con su labor éstos serán despedidos o pasarán a la economía sumergida, donde no hay salarios mínimos involucrados. Se verán más afectados aquellos que tienen menos que aportar, como los jóvenes sin experiencia, que verán más difícil acceder al primer empleo si no es a través de las becas de formación o cobrando "en negro". Es más sencillo ver este efecto si nos preguntamos qué pasaría si aumentáramos ese salario mínimo a, por ejemplo, 6.000 euros al mes. Resulta de sentido común concluir que la mayor parte de nosotros se quedaría sin su empleo.
En países con cierta picaresca y un nivel importante de economía sumergida, como el nuestro, se produce otro efecto importante. Un cierto porcentaje de trabajadores cobra dos sueldos: el legal, el mínimo establecido, y otra parte en negro que no paga impuestos ni seguridad social. Así le llega un mayor porcentaje del dinero que paga el empresario por él, aun ilegalmente. Al subir el salario mínimo, y dado que el empleador no va a pagar más porque lo diga el Gobierno, la parte que antes cobraba en negro se reduce y aumenta lo que cobra legalmente. De ese dinero, no obstante, le llegará menos, pues una parte considerable habrá de dedicarse a pagar retenciones a Hacienda y cuotas de la seguridad social. Así, un aumento del salario mínimo incrementa los ingresos del Estado a costa del dinero de muchos trabajadores con bajos ingresos.
Estas consecuencias de la imposición de un salario mínimo no son liberales, ni socialdemócratas, ni conservadoras. Las ideologías, en todo caso, deberían dilucidar si es más importante conservar el nivel de empleo y el poder adquisitivo de las rentas más bajas o aumentar el paro e incrementar los ingresos fiscales. Pero eludir las consecuencias inevitables de un aumento del salario mínimo no es ser socialista, sino tener una cara de cemento armado. Como la de Solbes.
