El silencio del Gobierno y la pasividad del juez

No por previsible resulta menos infame el clamoroso silencio del Gobierno del 14-M ante dos noticias tan escandalosas como la ocultación y manipulación de pruebas que Libertad Digital y El Mundo han desvelado este miércoles.

Si nuestro diario ha demostrado que la fotografía del explosivo incluida en el informe de inspección técnico-policial de la Kangoo es falsa y corresponde al explosivo de la mochila de Vallecas, El Mundo ha desvelado que en esa furgoneta de Alcalá la policía encontró una tarjeta del Grupo Mondragón, hecho del que no fue informado ni el Gobierno de Aznar ni, posteriormente, los miembros de la comisión del 11-M ni el propio juez Del Olmo.

Ante quienes no dudaron en hacer el juego a los terroristas del 11-M y, una vez en el Gobierno, dieron carpetazo a la Comisión que investigaba la masacre, no hay que extrañarse que guarden ahora silencio, por muy graves y significativos que sean los descubrimientos periodísticos. Más sorprendente, sin embargo, es la pasividad del juez ante unas manipulaciones y ocultaciones de pruebas que, teniendo una clara incidencia en la investigación del caso, podrían ser, por sí mismas, constitutivas de delito.

Para colmo, y gracias a la incesante e incisiva labor de investigación de Luis del Pino, también hemos podido saber que no hay constancia de quién envió –y desde dónde– el fax manuscrito de "El Tunecino" en el que se reivindicaba el 11-M y que fue enviado a ABC en el mismo momento en que los islamistas se encontraban acorralados en el piso de Leganés donde, además, no existía máquina de fax. Lo mismo puede decirse del otro fax enviado a Telemadrid.

Aunque, desde el PP, Alicia Castro haya pedido al juez Del Olmo que "reaccione" y Zaplana haya instado al Gobierno a "dar la cara" ante todas estas nuevas y trascendentales revelaciones, es mucho más lo que el principal partido de la oposición –objetivo político de aquella masacre– puede hacer en pro del esclarecimiento de aquella matanza en la que fueron asesinadas 192 personas: Empezando –si no es mucho pedir– por que su líder no se refiera a la autoría de la misma como "un asunto ya superado".