Si bien es cierto que España está padeciendo la peor crisis económica de los últimos 70 años, no es menos cierto que el resto del mundo también está sumergido en la misma. Estados Unidos y el resto de la zona del euro son dos áreas económicas donde las inclemencias del déficit público, de la recesión o del incremento de precios de las materias primas también han hecho acto de presencia y donde, sin embargo, la tasa de paro no supera el 10%. Incluso los países de la periferia europea que han suspendido pagos exhiben una tasa de desempleo por debajo del 13%.
Se entenderá, por consiguiente, que en relación al paro la situación de España sea excepcional. Excepcional por lo calamitoso de las cifras, por mucho que nos hayamos quedado a menos de 100.000 personas de los cinco millones de parados.
Al cabo, esos 4,9 millones de españoles sin empleo y esos 1,4 millones de familias con todos sus miembros en paro no tendrían por qué encontrarse en una situación tan dramática. Podemos discutir si el origen de la crisis es, en todo o en parte, responsabilidad del Gobierno; pero de lo que no cabe dudar es de que el Ejecutivo si es culpable de su agravamiento, tanto por el deterioro presupuestario como por el mantenimiento de una legislación laboral liberticida.
Así las cosas, no convendría que nos dejáramos engañar por el discurso gubernamental que afirma que todas las reformas que requiere nuestra economía ya se han llevado a cabo y que, por tanto, él bien puede lavarse las manos. Al contrario, como ya advertimos en su momento, el simulacro de reforma laboral que se aprobó hace casi un año no hizo más que consolidar la dictadura judicial y sindical sobre nuestro mercado laboral. Imposible generar empleo cuando, en plena contracción de la actividad, las empresas son incapaces de contratar con la suficiente flexibilidad que requiere la situación de elevada incertidumbre que vivimos.
Lo llevamos diciendo desde el comienzo de la crisis y, por desgracia, la pasividad del Gobierno, cuando no activa complicidad con las centrales sindicales, nos ha dado la razón. Es urgente sacar adelante una reforma laboral de verdad, donde se rebaje el coste del despido, donde se dote a los empresariales de mayor flexibilidad funcional y geográfica para recolocar a sus empleados y donde, sobre todo, los salarios no se fijen en un proceso de planificación centralizada entre Gobierno, sindicatos y patronal.
Mientras el Ejecutivo no rectifique, la sangría laboral proseguirá y la economía no se recuperará. La negativa de los socialistas a liberalizar el mercado laboral es un claro síntoma de a quién sirve el Gobierno: no a los ciudadanos a quienes condena al desempleo, sino a sus prejuicios ideológicos y a sus compinches sindicales.