Es suficientemente conocido que, en las grandes cuestiones de Estado, el PSOE no es más que el aparato político del grupo Prisa, cuyas órdenes los socialistas se aprestan a cumplir a rajatabla, como el obediente Rubalcaba hizo ayer mismo tras la salida federalista de su amo Cebrián. Al toque de corneta del delegado de la empresa financiada por los capitalistas anglosajones de Liberty Fund, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español acudió raudo para defender que la solución para que los nacionalistas catalanes no se independicen es la conversión de España en un Estado federal.
Los sistemas federales son, en primer lugar, instrumentos destinados a unir comunidades políticas distintas que quieren establecer un vínculo común por encima de sus diferencias locales, no a trocear naciones que conquistaron su unidad hace siglos. Además, la esencia del federalismo es la unión de entidades políticas bajo la premisa de la igualdad de todos los federados; y si hay algo que los nacionalismos periféricos rechazan con especial vesania es precisamente ese principio de igualdad entre los distintos territorios.
España, por otra parte, está configurada de hecho como un Estado federal en virtud del Título VIII de la Constitución, que dispone su organización territorial a través de entidades autónomas dependientes de un Gobierno central común. Es evidente, por tanto, que, lejos de proponer una solución cabal a un problema, la estrategia de Prisa y su partido político es retorcer un concepto eminentemente igualitario como el de federación para ahondar en la injusticia que padecemos los españoles desde hace treinta y cinco años, a causa de la deslealtad manifiesta de los partidos nacionalistas.
En realidad, por más que PP y PSOE insistan en lo contrario, España no tiene con Cataluña un problema político que haya que resolver otorgando aún más privilegios a su clase dirigente, bien a través de un federalismo tramposo, como propugnan los socialistas, bien con mayores transferencias de fondos del resto de los españoles, como pretenden los populares. La Constitución establece unos principios claros, a los que todas las instituciones públicas han de someterse, y para cuya preservación otorga al Gobierno las herramientas coactivas necesarias y suficientes. Otra cosa es que Rajoy prefiera esquilmar todavía más a los españoles leales y Rubalcaba, mantener los votos socialistas de Cataluña, única forma de garantizar en el futuro la vuelta del PSOE al poder.
En ambos casos, son los españoles los que salen perdiendo. Si hicieran honor a su vocación nacional, los dos grandes partidos trabajarían de consuno para poner fin de una vez a tan flagrante injusticia.