Según aseguran tanto La Vanguardia como El Periódico, una de las opciones que el Gobierno autonómico catalán se estaría planteando para burlar la suspensión de la consulta secesionista del 9-N decretada por el del Tribunal Constitucional sería la de organizar un reférendum mixto con apoyo público pero de iniciativa privada para eludir las responsabilidades legales. Los cargos políticos de los ayuntamientos se ocuparían de abrir los colegios, que serían los mismos que en las elecciones legales, y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural se ocuparían de todo lo demás.
Según los teóricos de Mas, con el portavoz Francesc Homs a la cabeza, la consulta alternativa tendría un carácter oficial, no implicaría desobediencia alguna y sería una nueva demostración masiva de apoyo al derecho a decidir.
Ignoramos si Artur Mas llevará finalmente a cabo este plan B y si contará para ello con el respaldo promocional de alguna actriz porno, tal y como los independentistas hicieron con en las consultas populares que se hicieron entre 2009 y 2011. En cualquier caso, es evidente que, desde el momento en que se le quiere dar un carácter oficial y sus promotores ocupan cargos instituconales, este esperpéntico plan B no dejaría de constituir un acto de desobediencia. Este ejercicio de trilerismo politico no engaña a nadie, salvo –claro está– a los empeñados en "no contemplar ni querer contemplar" en Cataluña un escenario distinto que el del cumplimiento de la ley.
No es el trilerismo político de Mas sino la ceguera voluntaria de Rajoy y la Fiscalía y la Abogacía del Estado la auténtica responsable de que organismos públicos como el Consejo Asesor para la Transición Naciona Catalana –cuyo objetivo fundacional declarado es la organización de referéndums ilegales de autodeterminación– o la Agencia Tributaria Catalana, no hayan sido disueltos ni sus actividades hayan sido suspendidas.
También es la ceguera voluntaria de Rajoy, no el trilerismo político de Mas, la responsable de que ni Hacienda ni la Fiscalía General del Estado hayan abierto la menor diligencia ante los agujeros contables que un organismo supuestamente privado como la Asamblea Nacional Catalana registra desde su fundación.
También es responsabilidad de Rajoy, y no de Artur Mas, que la Abogacía del Estado, ante la clamorosa desobediencia al Tribunal Constitucional que supuso el decreto de creación de la junta electoral del 9-N, se haya limitado a plantear contra la Generalidad un "incidente de ejecución" que no supone denuncia de delito alguno.
A este respecto, cabe destacar el contraste que ofrece esta demanda interpuesta por la Abogacía del Estado con la querella que acaba de presentar UPyD en la que se acusa a Mas, Gispert y otros cuatro miembros de la mesa del Parlamento autonómico de cometer los delitos de prevaricación, desobediencia, usurpación y malversación, así como delitos electorales.
Por muy fundamentada jurídicamente que esté esta querella de UPyD, no cabe demasiado optimismo respecto de su recorrido, habida cuenta de la pusilánime ceguera voluntaria de unas élites políticas y judiciales españolas que, negándose a otorgar validez jurídica a los pasos ilegales que están dando los separatistas, tampoco quieren que haya contra ellos reproche penal alguno.
Mientras tanto, las advertencias de violencia que se hacían en el recurso de la Generalidad contra la suspensión de la consulta secesionista ya se están traduciendo en campañas de hostigamiento contra los desafectos a la causa nacionalista. Claro que, bien pensado, este hostigamiento es lo que tradicionalmente se produce en Cataluña conforme se aproxima el 12 de Octubre, Fiesta de la Hispanidad. Otro escenario de ilegalidad que desde Madrid "ni se contempla ni se quiere contemplar".