Las autoridades autonómicas catalanas continúan dando alas a su proceso secesionista al margen de la legalidad y el sentido común, gracias al régimen de impunidad del que vienen disfrutando desde los inicios de la Transición. Este lunes le tocó el turno al peculiar equipo de asesores para la transición nacional contratado por Artur Mas, que, al margen de toda evidencia, anunció que "lo más probable" es que un futuro Estado catalán continúe formando parte de la Unión Europea. El nivel de concreción del dictamen de este consejo creado por la Generalidad sólo es equiparable al escaso rigor con que están tratando de hacer colar como probable un acto de graves consecuencias jurídicas y que los tratados internacionales prohíben de manera taxativa.
La solemnidad oficial con que fue presentado este pintoresco informe sobre "las vías de integración de Cataluña en la Unión Europea" indica también el nivel de solvencia de un proceso pilotado por personajes como el inefable Francesc Homs, maestro de ceremonias del sainete representado en la sede del Gobierno regional catalán.
Los asesores contratados por Mas para excitar sus aspiraciones separatistas mienten cuando dejan abiertas varias posibilidades para que Cataluña se integre en la UE como Estado independiente. El artículo 49 del Tratado de la Unión es tajante en la fijación del requisito de unanimidad en el Consejo Europeo para la admisión de nuevos Estados, dentro de un largo proceso que no puede culminarse sin el acuerdo de España, algo que el propio informe encargado por Mas no tiene más remedio que reconocer. Aunque la clase política española no destaca precisamente por su altura de miras en defensa del interés nacional, no cabe pensar razonablemente que un Gobierno de España vaya a transigir en el futuro con un ultraje de estas dimensiones, como parecen intuir los expertos de la Generalidad.
Pero ningún argumento racional parece suficiente para hacer desistir al nacionalismo catalán de su proyecto suicida. Acostumbrados a vulnerar flagrantemente las leyes y las sentencias de los tribunales cuando entorpecen su proyecto liberticida, los nacionalistas pretenden infligir a las instituciones de la UE el mismo menosprecio que infligen a la legalidad española gracias al consentimiento culpable del Gobierno español. El último escándalo protagonizado por la Generalidad en su constante incumplimiento de la legislación vigente tuvo también lugar este lunes, con su decisión de otorgar irregularmente siete licencias de TDT a un grupo mediático próximo al separatismo, vulnerando la normativa que prohíbe la concentración de medios y las emisiones en cadena con frecuencias locales, como va a hacer el grupo mediático separatista beneficiado por el CAC.
Los nacionalistas catalanes se han beneficiado en las últimas tres décadas y media de una impunidad que ningún Gobierno, y menos el de Mariano Rajoy, ha sido capaz de revertir utilizando las prerrogativas que la Constitución pone a su alcance. Artur Mas pretende hacer lo mismo con la UE, de ahí que ante la imposibilidad de encontrar un encaje jurídico-político al proyecto separatista sus expertos aseguren con total desfachatez que la legalidad internacional pasará "a un segundo plano", porque lo de una Cataluña independiente es un problema únicamente político.
El Gobierno de Rajoy debe acabar cuanto antes con los atropellos nacionalistas. De su lado están no sólo la Constitución y las leyes españolas, también los tratados de la Unión y el propio espíritu comunitario, que busca unir a los Estados en un proyecto político común en lugar de dinamitarlos.