El largo, silenciado y dramático pulso que el mal llamado "proceso de paz" mantiene contra el Estado de Derecho –desde antes, incluso, de que ETA anunciase su prenegociado comunicado de "alto el fuego"– ha tenido este lunes una jornada claramente desigual. Desde luego, quienes aquí o en Estrasburgo respaldan un "proceso político" que consiste en sentar a criminales prófugos de la justicia, no en el banquillo de los acusados, sino en una mesa de negociación, seguro que les parece "oportuna" la indignante decisión de los jueces Garzón y Pedraz. Los togados han permitido a los imputados por colaboración con banda armada, Díaz Usabiaga y Gorka Aguirre, utilizar su libertad condicional para acudir a Estrasburgo a respaldar eso que ETA siempre ha llamado la "internacionalización de la resolución del conflicto", y que el gobierno de ZP respalda ahora como "amparo europeo" de su "proceso de paz".
Por lo visto, no era bastante la colaboración que, presuntamente, Aguirre y Díaz Usabiaga brindaron a las necesidades financieras de los terroristas, que ahora se les ha de permitir también que respalden en Estrasburgo un objetivo propagandístico tan perseguido por ETA como ha sido siempre el de tener, a nivel internacional, el estatus de interlocutor legitimado.
Afortunadamente, sin embargo, no todos los jueces tienen tan "idónea" trayectoria profesional en pro de "la paz sucia" del Gobierno del 14-M como Garzón y Pedraz, ni todos están por ella dispuestos a ensuciar sus togas "con el polvo del camino", como haría y diría Conde Pumpido.
Las víctimas y los partidarios del permanente y firme combate del Estado de Derecho contra ETA podremos lamentar, ciertamente, esta cesión de Garzón y Pedraz, tanto como lo hayan podido celebrar la propia ETA, el Gobierno de Zapatero y cuantos pretenden prostituir el concepto de "paz", también en Estrasburgo. Sin embargo, también nosotros podemos celebrar –tanto como ellos lamentar– la firme y determinante defensa de la Ley de Partidos llevada a cabo por el Tribunal Supremo, que este lunes ha ordenado el registro de una quincena de "herriko-tabernas" para liquidación de bienes de Batasuna-ETA, que se sigue en ejecución de la sentencia de ilegalización dictada en marzo de 2003.
Esta orden del Tribunal Supremo no sólo es válida en sí misma, sino que deja en evidencia el "obstáculo" que debe suponer el Estado de Derecho para todos aquellos que quisieran ver neutralizada "de facto" la Ley de Partidos, no ya para permitir –como ya hizo Garzón– los contactos de Batasuna-PSE, sino para lograr también que los proetarras puedan volver a presentarse a las elecciones. Ciertamente es mucho el polvo que, circulando al margen del imperio de la ley, debería encontrar esta paz, esta sucia paz de ZP.
