El separatismo está llevando la ruina a una de las regiones más prósperas de España y del sur de Europa, de la que en un solo mes han huido más de 2.000 empresas. El separatismo ha tensionado al máximo la sociedad catalana y liderado una rebelión liberticida y antidemocrática que ha tenido por consecuencia la destitución del Gobierno golpista del tan cobarde como traidor Carles Puigdemont, que en un despliegue de indignidad ha dejado a sus más destacados cómplices completamente tirados mientras él se pasea por Bruselas del brazo de lo más nauseabundo de la política belga.
El descrédito exterior de Cataluña es brutal, su imagen ha quedado severamente dañada y tardará mucho en recuperarse. Las consecuencias para la economía y la imagen institucional de España tampoco son tampoco, como ya están empezando a poner de manifiesto las prospecciones de los principales indicadores económicos.
Pero, habida cuenta de las maniobras que están pergeñando, toda calamidad es poca para la canalla separatista. Los antisistema ERC y PDCat han decidido poner a sus cabecillas perseguidos por la Justicia presos al frente de sus listas para las elecciones regionales del próximo 21 de diciembre. Su intención es seguir envenenando la convivencia y convertir esos comicios en una nueva consulta pretendidamente plebiscitaria para seguir adelante con su golpe contra el Estado de derecho y las instituciones catalanas.
Los separatistas están dispuestos a seguir adelante hasta convertir Cataluña en un erial. A los partidos españoles defensores de la legalidad democrática les toca estar a la altura de las circunstancias y hacer todo lo posible para impedir que los peores enemigos del Principado vuelvan a tener las Generalidad en sus golpistas manos. En cuanto al Gobierno, debe dejar meridianamente claro que no hay nada que negociar con los golpistas, a quienes la Justicia debe hacer pagar el tremendo daño que están causando.