El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región una bajada del IRPF que beneficiará a todos los contribuyentes con rentas inferiores a 24.000 euros –unos 430.000 ciudadanos–, lo que supone que tendrán que pagar unos 10 millones de euros menos en impuestos. Ha anunciado también una serie de rebajas en tasas e impuestos para las empresas, especialmente para favorecer la creación de nuevas compañías, así como para facilitar la transmisión de sociedades en caso de fallecimiento o sucesión, que significará que la Administración regional recaudará unos 14 millones de euros menos. En conjunto, la rebaja impositiva será, por tanto, de unos 24 millones de euros, que, si bien no deja de ser una cantidad simbólica, ha servido para que el líder popular pueda presumir: "Mientras unos suben los impuestos, nosotros sólo hemos necesitado dos años para bajarlos".
No deja de ser paradójico, ciertamente, que el único Ejecutivo regional del PP que no goza de mayoría absoluta, y que se sostiene gracias a la abstención de una formación tan proclive a la presión fiscal como IU, sea de los primeros en apostar por una política de rebajas fiscales acorde a las señas de identidad del Partido Popular; sin dejar de ser fiel a otro objetivo que debiera ser distintivo de esta formación, la reducción del déficit público. Como bien ha recordado Monago, Extremadura ha pasado en dos años de tener el segundo déficit autonómico más elevado a ser la comunidad con menor diferencial entre gastos e ingresos.
Esta encomiable evolución se ha debido a una "gestión austera", que se ha esforzado en "hacer más con menos" y en no gastar lo que no tiene, tal y como ha dicho Monago en su intervención. Pero también han contribuido los ingresos extraordinarios, pero nada novedosos, provenientes de la cacareada patochada de la "deuda histórica", así como de los fondos comunitarios, que en nuestro país ya sólo percibe Extremadura.
Es igualmente cierto que la Junta no ha recurrido en 2012 ni en lo que llevamos de 2013 al Fondo de Liquidez Autonómica, cosa que sí que han hecho comunidades que, a diferencia de la extremeña, han incumplido clamorosamente sus objetivos de reducción del déficit incluso habiendo incrementado la presión fiscal.
Tal es el caso del Gobierno de Cataluña, como lo es el del Gobierno de la propia España y el de varios Ejecutivos regionales del PP que gozan de mayorías absolutas. Monago tiene que hacer guiños a IU, y, ciertamente, los hace cuando se jacta demagógicamente de haber "subido los impuestos a los ricos" o de haber mantenido el impuesto del patrimonio. Pero estas disonancias no son nada comparadas con las que está protagonizando el Gobierno de la Nación, cuya irresponsable solicitud de una moratoria en la contención del déficit no se traduce siquiera en una reducción de la presión fiscal, sino en una nueva y contraproducente vuelta de rosca.
Esta simbólica pero estimulante reducción de impuestos en Extremadura no pondrá en peligro los compromisos de reducción fiscal de la Junta. Pero aunque así lo fuera, más vale que ese desequilibrio lo genere una reducción de impuestos que un aumento del improductivo gasto público, al que nos condenan gobernantes manirrotos y obsesionados por carísimos e inconstitucionales delirios de identidad nacional.