La detención de 16 activistas proetarras integradas en la organización Herrira fue la buena noticia del lunes; pero la satisfacción por estos arrestos se convirtió en perplejidad al conocerse los efectos que esta operación ordenada por la Audiencia Nacional ha tenido en la lucha antiterrorista.
Tres de las personas detenidas en la redada de la Guardia Civil por orden del juez Eloy Velasco son abogadas de los acusados en el macrojuicio contra la cúpula de Batasuna que tenía que haber dado inicio precisamente este lunes. La ausencia forzada de las letradas ha obligado a la suspensión de la vista, cuyo reinicio sólo podrá tener lugar después de agotarse la previsible sucesión de recursos de las partes en un plazo que, a día de hoy, resulta imposible de aventurar.
Tan asombrosa coincidencia podría ser considerada una circunstancia fortuita si se tratara de un hecho aislado, pero la estrategia seguida por el Gobierno y las instituciones judiciales en materia de terrorismo es tan evidente en los últimos tiempos que resulta imposible no ver lo que se esconde detrás de estas decisiones aparentemente inconexas.
Las abogadas cuya detención ha obligado a paralizar el juicio contra los 35 dirigentes de Batasuna están acusadas de ser parte del llamado frente de cárceles de la banda terrorista, de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. La primera acusación cae por su peso, dada la manera en la que funciona el entramado terrorista. Las sospechas de que además estén cometiendo delitos de carácter económico son la novedad de este caso, por tratarse de una causa que comenzó a instruirse en 2012 y, casualidad de casualidades, culminó con la detención de los protagonistas precisamente el día en que su presencia era requerida en la misma Audiencia Nacional que ha dictado las órdenes de detención.
Desde que Rajoy llegó a La Moncloa no ha habido ninguna modificación de la política seguida por el último Ejecutivo socialista en lo que respecta a la banda etarra. Lejos de ello, si algo ha hecho el actual Gobierno es avanzar en esa línea de concesiones a los terroristas iniciada por Zapatero y Rubalcaba, con una desfachatez inaudita, como lo demuestran casos especialmente obscenos, como la excarcelación del sanguinario Bolinaga. Con estos precedentes resulta inevitable que operaciones como la de ayer se interpreten no como un episodio brillante en la lucha contra el terrorismo, sino como un paso más en el camino de rendición, que el Gobierno del PP está cubriendo en su tramo más vergonzoso.