Es la Ley, Gallardón, lo que no se aplica

Decía Groucho Marx que la política es "el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". El genial actor cómico trataba, como es obvio, de hacer reír a su audiencia, pero dio en el clavo. Lo vemos cada día en prácticamente todas las áreas de la vida pública y en cada uno de sus escalones; empezando por las Naciones Unidas y terminando por la, a veces, surrealista política municipal de cualquier ciudad o pueblo por pequeño que éste sea.

A los hechos nos remitimos. El fin de semana pasado Álvaro Ussía, un joven de 18 años, fue asesinado con ensañamiento y sin mediar pelea por tres porteros de El Balcón de Rosales, una céntrica discoteca madrileña. Tanto el local, que acumulaba 47 denuncias, como los porteros, famosos entre los asiduos por sus métodos violentos, eran viejos conocidos de la policía municipal y se habían presentado ya denuncias por anteriores palizas en la puerta de la discoteca. Aunque parezca mentira y a pesar de todo lo anterior, El balcón de Rosales, que, a día de hoy, es una concesión municipal, seguía funcionando sin más inconvenientes que los que sus porteros ponían habitualmente a parte de la clientela cuando se disponía a entrar.

El problema no había que buscarlo, estaba ya ahí aunque los políticos del Ayuntamiento fuesen incapaces de verlo. No es, por tanto, una cuestión de vacío legal, sino la insolvencia del Ayuntamiento de Madrid para aplicar la Ley en esa y en otras puertas de multitud de locales de ocio de la capital donde regularmente suelen producirse episodios parecidos al del pasado fin de semana.

Tampoco lo es la falta de policía. La primera dotación policial llegó casi en el acto al lugar de los hechos, apenas un minuto después de que su presencia fuese requerida por uno de los clientes desalojados tras el asesinato. La policía hizo entonces su trabajo con diligencia y profesionalidad. Inspeccionó el local y detuvo a los presuntos asesinos con celeridad y sin que nadie se lo impidiese.

El diagnóstico por parte de los que no supieron ver el problema ha sido, como no podía ser de otro modo, erróneo. No carecemos de normativa ni faltan efectivos policiales para patrullar la noche madrileña. Con aplicar la Ley y castigar al que la infringe hubiese bastado y la tragedia de El Balcón de Rosales nunca se hubiera producido.

Faltaba saber cuál sería el remedio que esos políticos, miopes primero y torpes después, iban a aplicar una vez ha pasado lo que, ateniéndonos a los precedentes, era de todo punto inevitable. Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid y responsable de que estas normas se apliquen en su propia ciudad, ha concluido que, para evitar que esto vuelva a suceder, hay que meter físicamente a la policía en los bares y discotecas. Extremo absurdo que significaría sacar a los agentes de un espacio público, como es la calle, para velar por la seguridad de un espacio privado. Implicaría, en cierto modo, la nacionalización de la seguridad en las discotecas, cargando sobre el contribuyente un coste que debe caer en los empresarios del ramo.

Los delincuentes estarían de fiesta sabiendo que el nuevo cometido de la policía las noches de fines de semana consiste en vigilar a los porteros de las discotecas más concurridas. Eso, por ende, tampoco evitaría que se produjesen problemas de otra índole. El maridaje entre policía y vida nocturna nunca ha dado buenos frutos, y ahí está el caso de los municipales de Coslada como prueba. La policía, en definitiva, debe hacer su trabajo, los porteros de locales privados el suyo y la Ley ha de estar por encima de ambos. Los políticos, por su parte, deberían dejar de buscar problemas y concentrarse en los que ya existen.