La prematura excarcelación, primero, y la previsible fuga, después, del etarra Anton Troitiño constituye uno de los capítulos más bochornosos en el largo historial de despropósitos e incompetencias que nos ha brindado nuestra Administración de Justicia.
Primero, la Audiencia Nacional dictó una providencia que puso en libertad a este autor de 27 asesinatos tras cumplir sólo 24 años de reclusión, sobre la base de que el tiempo que había pasado en prisión preventiva se le debía descontar, no a los cientos de años de condena que habia acumulado por sus muchos asesinatos, sino al limite de 30 años de prisión efectiva que marca la ley.
A pesar de que una modificación del Código Penal de 2010 no tuvo por objetivo más que declarar errónea dicha interpretación, el fiscal no planteó objeción a la prematura excarcelación hasta al día siguiente de haberse producido. Para colmo, la Fiscalía no acompañó su tardía solicitud de revocación de puesta en libertad con la petición de medidas especiales de vigilancia. Y no lo hizo sobre la incoherente base de que no se pueden adoptar este tipo de medidas una vez que el preso ha sido puesto en libertad tras haber cumplido su condena, pues lo contrario atentaría contra sus derechos. La incongruencia de semejante argumentación es evidente desde el mismo momento en que la Fiscalía estaba planteando en su recurso, precisamente, que la condena no debería considerarse cumplida hasta el 17 de enero de 2017.
Para colmo, una vez que la Audiencia Nacional, forzada por el Supremo, admitió su error, dictó una eurorden con groseros errores de forma, reconocidos este miércoles por el propio Rubalcaba, y que han desorientado a las fuerzas policiales en Francia, lugar donde se cree que se ha refugiado el etarra. A los errores en el ámbito de la Justicia, se ha de sumar también la incompetencia de Interior al no ordenar la vigilancia del etarra mientras los tribunales reconsideraban su puesta en libertad. Rubalbaba ha tenido la desfachatez de justificar semejante pasividad diciendo que hacer lo contrario habría sido "ilegal". Y eso no los dice el ministro de Sitel y el ministro del "chivatazo" a ETA, obviando, al mismo tiempo, que la policía, sin restringir sus movimientos, tenía innumerables motivos que justificaban la vigilancia de quien tantos incentivos tenía para fugarse y eludir la acción de la Justicia. ¿Es de recibo, por otra parte, que la policía francesa haya sometido a vigilancia al abogado francés de Troitiño y no lo haya hecho la policia española con el propio terrorista?
Aunque esta escandalosa como previsible fuga, que se suma a la de Ternera o la de De Juana Chaos, lleve a muchos a pensar en una posible complicidad con la banda, y no tanto en la incompetencia gubernamental, es evidente que esta última debe saldarse con una cadena de dimisiones de quienes la han hecho posible. En primer lugar, el CGPJ debe proceder inmediatamente contra los magistrados que indebidamente dictaron la prematura puesta en libertad del etarra. El ministro de Justicia debe dar cuenta, asimismo, del injustificable comportamiento de la Fiscalía. Pero es el ministro de Interior, tal y como hizo el ex ministro Asunción con la fuga de Roldán, el que debería presentar su inmediata dimisión. El problema está en que Rubalcaba acumula ya casi tantos motivos para haber cesado ya de su cargo como años de condena ha acumulado el etarra que se ha fugado.