Sorprendentes, por lo poco que se prodigan, han sido las declaraciones de este lunes del filólogo y académico Francisco Rodríguez Adrados. A juicio del prestigioso filólogo, el español en España vive una situación un tanto peculiar, y como ejemplo ha puesto un hipotético congreso científico en Cataluña, donde, por presión social o política el ponente ha de hablar en catalán aunque el 80% del auditorio no entienda ni palabra.
Eso es poner el dedo en la llaga, porque situaciones tan absurdas como las de ese congreso ficticio se dan cada día en esa Cataluña plural, solidaria y de progreso que están vendiéndonos desde el Fórum de las culturas. No tiene mucho sentido que con más de 6 millones de habitantes, todos hispanohablantes, la televisión pública autonómica emita sólo en la lengua que entiende una parte de ellos. No es lógico que la señalización en ciudades y carreteras figure, cada vez más, sólo en una de esas lenguas, casualmente la minoritaria. Es incomprensible que la práctica totalidad de la instrucción pública se imparta sólo en una de esas lenguas –la catalana naturalmente– ignorando que una porción amplísima de catalanes tienen por lengua madre la de Cervantes y no la de Verdaguer.
La lengua catalana es un patrimonio cultural del que todos los españoles deberíamos sentirnos orgullosos. Posee un número considerable de hablantes y cuenta con una rica tradición literaria que hunde sus raíces en la Edad Media. No sólo se habla en Cataluña sino que registra variantes más o menos similares en la Comunidad Valenciana, en las Islas Baleares y en el departamento francés de los Pirineos Orientales. Es un privilegio para España contar con la literatura escrita y las tradiciones orales catalanas en su acervo cultural. Eso no lo pone en duda nadie.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte esa lengua, la misma en que escribieron Josep Pla, Salvador Espriu o Ausiàs March, se ha convertido en un arma política de primera magnitud sobre la que se ha cimentado toda una filosofía de la exclusión en aras de una presunta protección y salvaguarda. Y la lengua, como es lógico, no tiene la culpa, sino algunos de sus defensores de ocasión que han encontrado en ella no sólo un salario sino un palo con el que atizar a los que no tienen el privilegio de hablarla, o mejor, a los que hablan la otra lengua que se habla en Cataluña desde hace varios siglos: el español
La política de la normalización, nacida al calor de los Gobiernos convergentes, erradicó la lengua española de las aulas. Los medios de comunicación dependientes de la Generalidad nunca han empleado el español, y en algún caso se ha llegado a amonestar a algún presentador por pasarse de la raya, esto es, por hablar demasiado en una lengua que conocen y usan la totalidad de los habitantes del Principado pero que, paradójicamente, se considera extranjera. El último jalón del despropósito lingüístico lo han protagonizado los comisarios de la llengua este verano. Desde septiembre se comenzará a aplicar un plan de acción que incluye, entre otras medidas, la discriminación contra las empresas que no utilicen el catalán en etiquetas e instrucciones de uso de sus productos.
Tal es el bilingüismo que se promociona desde la plaza de San Jaime, tan parecido al monolingüismo aquel de “habla la lengua del imperio” que sólo a un lerdo le puede pasar desapercibido. Por de pronto, la denominación propia de nuestra lengua común ha desaparecido y se ha cambiado por castellano. Visto el proceder de las autoridades lingüísticas catalanas, poco queda para que el español se convierta más allá del Ebro en estatal o lengua estatal. En esa nación de naciones que acaba de inventarse el ministro Montilla, que posee selección estatal, gobierno estatal, periódicos estatales, himno y bandera estatales y una red de carreteras de ámbito estatal, lo suyo es que se hable una lengua estatal, desvinculada de la Nación que le dio el nombre y de los 42 millones de personas que, a este lado del Atlántico, se comunican diariamente en ella.
Decía hoy Rodríguez Adrados que en España al que habla sólo español se ponen toda serie de trabas. Quizá al vicepresidente Bargalló esto le suene a chino; a nosotros, en cambio, nos suena a estatal.