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EDITORIAL

Están dando un golpe de Estado: no cabe dar marchar atrás

La ley no puede dar marcha atrás ante una banda de golpistas, para colmo, en ejercicio.

Aunque el margen para el acuerdo es ciertamente estrecho, no es menos obvio que el Gobierno y la Generalidad están intentando llegar a un pacto que permita una salida en falso a esta deplorable situación en la que han colocado no sólo a Cataluña sino a toda España la inacción de unos y, sobre todo, el empeño totalitario y liberticida de otros.

Algunos podrían entender que se trata de un esfuerzo legítimo que vale la pena acometer, pero lo cierto es que este espectáculo bochornoso de negociaciones oscuras, lejos de la vista de los medios de comunicación y los ciudadanos, no es una apuesta honesta por solucionar el problema. La triste realidad es que se trata de un intento desesperado, de una componenda que permita a todos salvar la cara ante los suyos.

Cuando lo que está en juego es el respeto a la ley, a las normas que fungen de pilares del Estado de Derecho, las componendas son siempre una pésima salida, jamás una solución.

Es obvio que unas elecciones con Junts pel Sí en el poder, TV3 intoxicando a diario, las radios públicas separatistas manipulando sin tregua y los medios privados catalanes pagando el servil y ominoso precio de las subvenciones que los corrompen no pueden ser la solución a nada, sino que serían únicamente una patada a seguir para volver a las mismas en sólo unos meses.

Todo parece indicar que ésta va a ser una nueva oportunidad histórica perdida por Mariano Rajoy; porque, más allá de las urgencias y las necesidades del momento, si se quiere de verdad resolver lo que desde hace tanto tiempo se ha dado en llamar "el problema catalán", la intervención de la Generalidad sería no sólo positiva sino imprescindible. Y no precisamente una intervención leve, pensada para una mera convocatoria electoral, como parece ser la que está encima de la mesa, sino una que permitiese desmontar el inmenso tinglado separatista de corrupción, intoxicación y adoctrinamiento.

No sólo el Gobierno y el PP: los otros partidos del bloque constitucionalista también están dando evidentes muestras de no haber entendido nada y moverse sólo, o al menos en gran medida, por intereses electores cortoplacistas. Es algo que no sorprende en el caso de un PSOE que confirma una vez más que no es un partido en el que la Nación pueda confiar. Muy distinto y decepcionante es el de Ciudadanos, un partido nacido para la lucha contra el nacionalismo hace sólo una década pero que ya parece haber perdido la comprensión clara de lo que verdaderamente es la política excluyente, inmoral y antidemocrática que lleva perpetrando el separatismo en Cataluña desde hace décadas.

La principal responsabilidad, no obstante, sigue siendo la de un Mariano Rajoy y una Soraya Sáenz de Santamaría que, tras pesadísimas declaraciones altisonantes, siguen sin darse cuenta o sin querer entender que no todo puede negociarse y que, en una democracia digna de tal nombre, la ley no puede dar marcha atrás ante una banda de golpistas, para colmo, en ejercicio.

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