Después de más de tres años y medio de instrucción, la juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha elevado este martes al Tribunal Supremo una voluminosa exposición razonada en la que desgrana la causa y detalla los indicios penales que incriminan a siete personas que gozan de fuero por los cargos públicos que ocupan –entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, a los que ella no puede juzgar por falta de competencia.
A la vista de la multitud de indicios recabados, que apuntan a que la cúpula de la Junta andaluza era conocedora del sistema ilegal con el que se concedían las "ayudas" por parte de la Consejería de Empleo, era cuestión de tiempo que el Alto Tribunal tomara cartas en el asunto. Téngase en cuenta que, además de Chaves y Griñán, también están incriminados y gozan de condición de aforados los ex consejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Manuel Recio. Está por ver, sin embargo, que los magistrados del Tribunal Supermo lleven a cabo su labor con la misma probidad e independencia de ha demostrado Alaya. Esta encomiable juez de instrucción ha resistido durante todos estos años las más abyectas y poderosas presiones políticas y ha logrado sacar adelante un sumario, que, con 201 imputados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre el 2000 y el 2010, aunque el pasado 15 de julio la juez acordó ampliarlo a las subvenciones del 2011 y del 2012.
Ya señalamos la semana pasada en estas mismas páginas, la escasa justificación que tiene el aforamiento, no ya sólo por el descomunal número de personas que gozan en nuestro país de esta prerrogativa procesal –más de 10.000-, sino por la falsa presunción en la que este privilegio se basa, consistente en creer que un tribunal superior es más independiente ante las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un alto cargo público.
La realidad es que si alguien hasta la fecha ha demostrado su independencia a la hora de instruir el mayor caso de corrupción económica de nuestro país, como es el caso de los ERE, esa persona es la juez Alaya. Serán ahora, sin embargo, los magistrados del Supremo los que disiparán la cuestión de si el aforamiento es una prerrogativa procesal sin mayor quebranto para el Derecho o, por el contrario, un despreciable blindaje del que sirve la casta política gracias a la falta de una auténtica separación de poderes.