Sólo dos años después del escándalo de Gescartera, la situación de Eurobank del Mediterráneo pone una vez más en tela de juicio la eficacia y la agilidad de los mecanismos de control del sistema financiero español. Al igual que ocurrió con Gescartera, las autoridades, en este caso el Banco de España, ya conocían suficientemente la trayectoria de irregularidades de la entidad presidida por Eduardo Pascual, que había sufrido una decena de inspecciones, varias sanciones y apercibimientos desde que se hiciera con el control de la entidad, en 1996. Y, análogamente a Gescartera, el reclamo que empleaba Eurobank para la captación de clientes y depositantes eran rentabilidades y tipos de interés muy por encima de la media del mercado.
En todo negocio empresarial o financiero, el principio del caveat emptor (prudencia y constante vigilancia por parte del comprador) es la primera –y principal– línea de defensa contra el engaño y la estafa. Sin embargo, no cabe duda de que, una vez que se establecen controles para, en teoría, liberar al ciudadano de la complicada y tediosa tarea de estudiar las actividades y los balances de las entidades a quienes confía sus inversiones, las autoridades son directamente responsables, como mínimo en plano de igualdad con el ciudadano, de la vigilancia de esas entidades.
Todo indica que, desde que Eduardo Pascual –quien controla directa o indirectamente, a través de sus empresas, un 82 por ciento del capital de Eurobank– ocupó la presidencia de la entidad, ésta se convirtió en algo así como su banca personal, al servicio de sus propios intereses empresariales, “maquillando” los resultados e incumpliendo las normas que regulan la magnitud tolerable de riesgo crediticio: el saldo de los créditos otorgados excedía al de los depósitos. Estos extremos eran conocidos por la autoridad monetaria. Hace cuatro años, el acta de la Comisión Ejecutiva del Banco de España que estudió la situación de Eurobank ordenaba a la entidad, para proteger los intereses de los depositantes, el cese de las operaciones crediticias y una pronta regularización de sus desfases patrimoniales. Como Eurobank incumpliera sus instrucciones, el Banco de España le abrió en mayo de 2000, un expediente que el Ministerio de Economía resolvió en octubre de 2002 –¡más de dos años después!–, con una sanción que, vistas las circunstancias actuales, resulta ridícula: una amonestación publicada en el BOE.
Ocho meses después, el propio Eduardo Pascual solicitaba la intervención del Banco de España y de la Generalitat –en lo relativo a las mutuas aseguradoras accionistas de Eurobank, y también controladas por Pascual, que vendían sus productos financieros a través de la entidad– ante la imposibilidad de continuar la actividad sin incurrir en graves pérdidas –derivadas de los altas rentabilidades y tipos de interés que Eurobank prometía a sus clientes– que exigían periódicas ampliaciones de capital para compensarlas. Pérdidas que, por cierto, están en agudo contraste con los beneficios obtenidos por las otras empresas de Pascual.
Lo lógico hubiera sido que, tras el incumplimiento del dictamen de la inspección, el Banco de España hubiera intervenido el banco y sustituido a sus administradores. Como, de hecho, se hizo con el Banesto de Mario Conde, aun cuando sus ratios de liquidez y solvencia eran muy superiores a los de Eurobank. Sin embargo, nada de eso se ha llevado a cabo, circunstancia que ha contribuido al agravamiento de la situación con la retirada masiva de depósitos, de los que Eurobank sólo ha podido reintegrar la tercera parte. Pero lo trágico es que sólo un 18 por ciento de las cantidades confiadas a Eurobank están acogidas al Fondo de Garantía de Depósitos. El resto fue canalizado hacia modalidades de inversión como el unit link (seguro de vida combinado con un fondo de inversión) en las mutuas de seguros accionistas de Eurobank y controladas por Pascual, entre las que se encuentra la luxemburguesa Excell Life, suspendida en España por el Ministerio de Economía y que empleó gran parte de los fondos que recibía en adquirir acciones de Eurobank.
Lo más razonable hubiera sido que el Banco de España instara directamente la liquidación de Eurobank, dada su falta de viabilidad económica, y que la Generalitat hubiera intervenido las entidades aseguradoras por su excesiva concentración de riesgos en el capital de Eurobank. Sin embargo, el hecho de que las 70.000 familias afectadas sean en su mayoría residentes en Cataluña hace pensar que la aceptación de la suspensión de pagos de Eurobank, en espera de algún “elefante blanco” que desee acudir a la necesaria ampliación de capital para hacer frente a la devolución de los depósitos y de las inversiones confiadas a Eurobank, no sea más que un expediente para cerrar un incómodo asunto de cara a las elecciones catalanas. Como también lo es el anuncio de la Generalitat de que la solvencia de las aseguradoras está fuera de duda. Al parecer, una entidad catalana –que contaría con el apoyo de la Generalitat– estaría interesada en la compra de Eurobank, lo que garantizaría tanto la devolución de los depósitos como de las inversiones en las mutuas aseguradoras catalanas que participan en el capital de Eurobank.
Sin embargo, si bien es cierto que tales medidas contribuirían a que los clientes de Eurobank recuperasen sus ahorros, lo grave de este asunto es que, una vez más, como suele ocurrir en estos casos, un problema estrictamente empresarial y jurídico, que podría haberse evitado por los cauces legales establecidos, acaba convirtiéndose en un problema político por el número de los afectados y por sus posibles repercusiones electorales. No es de recibo que un banco, después de incumplir abiertamente las instrucciones de la inspección del Banco de España, pueda seguir funcionando cinco años después con sus mismos administradores y su misma política de gestión, como si tal cosa. Ni tampoco es de recibo que la Generalitat haya permitido la incestuosa relación de Eurobank con las mutuas aseguradoras controladas por su presidente. Sobre todo si se tiene en cuenta el ejemplo de RUMASA. El Banco de España, el Ministerio de Economía y la Generalitat deben explicar con claridad cómo ha podido producirse esta situación, quiénes son sus posibles responsables y, sobre todo, qué medidas tomarán en el futuro para que no vuelva a repetirse: las grandes entidades bancarias que cotizan en Bolsa, bajo el escrutinio diario y directo de los inversores y de la prensa especializada, quizá no necesitan tanto de la vigilancia de las autoridades como los pequeños bancos que se obstinan en ofrecer “duros a tres pesetas”.
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