Han sido necesarios varios años y dos sonoros descalabros en las urnas para que se empiecen a oír voces sensatas sobre el asunto de la Constitución Europea. El optimismo que, hace no tanto tiempo, inundaba las cancillerías del continente se ha tornado en un sano escepticismo sobre una ambición, el megaestado europeo, que sólo alberga lo peor de la clase política. Porque, y en eso millones de europeos están de acuerdo, la actual Unión no precisa de un tratado que reúna las características que le son propias a una Constitución. Los responsables del desaguisado, que no son otros que los políticos que, en un arranque de optimismo y al margen de los ciudadanos, firmaron unánimemente un documento alejado de lo que los europeos querían, están empezando a darse cuenta de que ese no es el camino.
Europa no pertenece a la abultada nómina de funcionarios que alegremente pastan del presupuesto comunitario, ni tampoco a las castas nacionales que han encontrado en Europa uno de los mejores modos de hacer demagogia. Europa es de los que la habitan, de los que sustentan un tinglado que sale por un ojo de la cara y que, si bien sale a cuenta por las libertades que ofrece, es una seria amenaza por las mil regulaciones y tasas que la mayor burocracia del planeta se inventa cada día a costa nuestra. La Constitución del consenso de los políticos abundaba en esa tendencia estatalista y metomentodo tan cara a sus inspiradores franceses.
Esta crisis de las elefantiásicas instituciones europeas, que no de la idea de Europa, puede ser una oportunidad de oro para replantearse cuál es el papel de los políticos en este fabuloso espacio económico y humano en el que se ha convertido la Europa de los 27. Quizá lleguen a la conclusión de que ellos están ahí para obedecer a los ciudadanos y no al revés. No es mucho pedir.
