El presidente boliviano, Evo Morales, decretó ayer la expropiación de cuatro empresas propiedad de la multinacional española Iberdrola a través de su filial Iberbolivia. Se trata de las dos principales productoras de electricidad en las regiones de La Paz y Oruro, además de una firma de servicios y otra más dedicada a la gestión de inversiones. El pretexto para esta rapacería, tan del gusto de los dirigentes de la izquierda populista hispanoamericana, ha sido la disconformidad de Morales con el precio al que las filiales de Iberdrola proporcionaban electricidad a sus clientes de zonas rurales. El siguiente paso será la nacionalización de esos servicios, al menos hasta que la incapacidad del gobierno de Morales para solucionar el supuesto problema lo obligue a tomar otro curso de acción.
En la más pura tradición chavista, Morales ha decidido contribuir a la destrucción de la seguridad jurídica de su país con esta oleada de nacionalizaciones como ya hizo su referente ideológico en Venezuela y, más recientemente, su colega argentina Fernández de Kirchner, en ambos casos a costa de bienes propiedad de empresas de matriz española. De nada han servido los vínculos históricos con nuestra nación, ni el hecho de que sea España el puente necesario para las relaciones comerciales y políticas de Hispanoamérica con Europa. De hecho, esta nacionalización ordenada por Evo Morales se produce a poco más de un mes de la Cumbre Hispanoamericana celebrada en Cádiz, acto institucional cuyo objetivo declarado es estrechar los lazos de colaboración y mutuo respeto entre sus miembros.
A pesar de que se trata de un atropello a los intereses de una empresa privada con participación transnacional, el gobierno de España tiene una responsabilidad evidente en la defensa del derecho de esa empresa española a no ser perjudicada por una decisión gubernamental abiertamente injusta. La imagen de nuestro país también se dirime en estos conflictos internacionales para cuya solución Rajoy no debería ahorrar ningún gesto de firmeza. Nuestra pertenencia a la Unión Europea también debería servir para que los accionistas de Iberdrola se vean, al menos, compensados de manera adecuada por este expolio al que el gobierno de Bolivia los ha sometido.
Bolivia es muy libre de sumarse al bloque de países dominados por populismos marxistas de los que la inversión extranjera, tan necesaria para el desarrollo de sus economías, va a ir desapareciendo al ritmo de las nacionalizaciones impuestas por sus gobiernos. La obligación del nuestro es preservar nuestra condición de país que actúa con responsabilidad cuando los intereses de sus empresas son vulnerados de manera tan flagrante fuera de nuestras fronteras.