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EDITORIAL

Fábricas de Al-Qaeda en España

Mustafá El M’rabet, presidente de ATIME, asociación sindical que agrupa a los trabajadores marroquíes en nuestro país, denunció recientemente el radicalismo y la apología de la violencia que imparten los clérigos wahhabies en las mezquitas de nuestro país. La denuncia ha cobrado mayor eco al saberse que todos los autores del 11-M pertenecían a esta corriente islámica, a la que también pertenece la mayor parte de la red de Al-Qaeda, incluido el propio Ben Laden. El ministro del Interior en funciones Ángel Acebes ha informado este miércoles que algunos de los terroristas del 11-M habrían sido captados en las mezquitas donde "El Tunecino" dirigía algunos de los rezos.
 
Hay que agradecer y dar la bienvenida a esta denuncia de los representantes de los trabajadores marroquíes, que tanto contrasta con el clamoroso silencio que sobre este asunto han mantenido hasta ahora una gran mayoría de medios de comunicación españoles, por lo visto, más interesados en hacernos comprensible la ira de los terroristas por el alineamiento de Aznar con Bush y en convencernos —a nosotros y a los fanáticos islamistas que conviven con nosotros— de que los terroristas son, en realidad, “resistentes” que luchan contra una “injusta e ilegal ocupación”.
 
Tanto en Libertaddigital como en la Ilustración liberal, nuestros magníficos colaboradores han denunciado reiteradamente esta cuestión de las mezquitas que ahora otros, y gracias a ATIME, se atreven a denunciar sin temor a ser denigrados como racistas o xenófobos. Récuerdese qué desapercibida y con que poco eco salió la noticia de que uno de los detenidos en mayo del pasado año por su relación con los atentados en Casablanca era un imán que residía en Toledo...
 
Hemos de rechazar tajantemente, sin embargo, la propuesta que hace ATIME de proponer la creación de un Consejo Musulmán que, entre otras cuestiones, se encargaría de velar por la idoneidad de los imanes que actúan en España y de controlar el origen de los fondos. Esa necesaria y urgente labor corresponde, sin embargo, a las autoridades civiles españolas.
 
Aquí no se trata de reequilibrar el número de mezquitas que financia mayoritariamente Arabia Saudi con las que financia Marruecos, ni hacer disquisiciones teológicas sobre las divergencias entre las corriente suni malekita o la wahhabí respecto al verdadero Islam. Aquí lo que se trata es de vigilar e impedir que en las mezquitas se vulneren nuestros principios constitucionales y se haga apología de la violencia. Y eso, es tarea y responsabilidad de nuestro Estado de Derecho y nuestras fuerzas policiales. Es hora de ponerse manos a la obra, no de delegar funciones.

En España

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