El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, ha pedido al juez Del Olmo que investigue si hubo fraude en la venta de billetes de la compañía Air Madrid, según una denuncia interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios.
Tanto la necesidad de esclarecer los hechos como las competencias de la Audiencia Nacional para tomar cartas en el asunto están de sobra justificadas, pues las sospechas fundadas de que la compañía pudo haber vendido billetes una vez tomada la decisión de suspender sus actividades, supondrían unos delitos de estafa y fraude que, dada la cuantía y variedad de personas afectadas, desborda las competencias de una Audiencia provincial.
La decisión de la Justicia de tomar cartas en el asunto, no debe ser, todo lo contrario, excusa alguna para rehuir las responsabilidades políticas que de forma tan clara afectan al gobierno, cuyas labores de control y supervisión han fallado de forma estrepitosa y evidente.
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, sin embargo, bien se podría haber ahorrado su comparecencia en el Congreso pues, más que a dar explicaciones, a lo que la ha dedicado es a hacernos creer que no había motivo alguno para darlas. En una típica negación absoluta de la realidad, a la que de forma tan frecuente recurre este gobierno –y que, en este caso, pasa por alto la renovación de licencia en mayo a una compañía que ya acumulaba un largo historial de denuncias–, la ministra no ve razón alguna que justifique ni su cese ni el de ningún otro miembro de su equipo. "Cuando me entere de que hemos hecho algo mal, me lo plantearé", ha manifestado con total tranquilidad la máxima responsable política de las estériles auditorias de Fomento.
En cualquier caso, ni la incompetencia del Gobierno ni su desfachatez a la hora de encubrirla deberían sorprender a nadie, vista su irresponsable inhibición en casos tan escandalosos como los acontecidos con la invasión de las pistas del aeropuerto de El Prat por personal de tierra, o los incendios de este verano en Galicia o la constante llegada de cayucos. En estos como en tantos otros casos en los que el Gobierno "lo ha hecho mal", lo único que se han planteado sus miembros es la forma de evitar que los ciudadanos "se enteren".
