Vaya por delante que nosotros no consideramos –ni, por cierto, la ley– que todo incumplimiento del deber por parte de un juez deba ser considerado como "una prevaricación, por la que, además, deberá responder ante la justicia", tal y como ha manifestado Garzón durante una charla sobre el llamado "proceso de paz". Sin embargo, lo que nos llama la atención es que quien tiene una consideración tan extensiva del delito de prevaricación sea curiosamente un juez que, como Garzón, no está precisamente para dar lecciones sobre lo que es el "cumplimiento del deber". Al menos en lo que respecta a sus labores judiciales y, menos aun, durante el mal llamado "proceso de paz".
Uno de los delitos más graves que se perpetraron durante la "paz sucia" de ZP, el chivatazo policial que alertó al aparato de extorsión de ETA de que estaba siendo vigilado por orden del juez Marlaska, todavía sigue, meses y meses después, en el cajón del olvido de Garzón, sin esclarecerse.
Tampoco parece una muestra de probidad en su labor judicial el pretérito "olvido" de este "juez estrella" a la hora de prorrogar órdenes preventivas destinadas a evitar que Batasuna pudiese recuperar al menos 48 herriko tabernas embargadas desde 2002.
Desde luego tampoco fue un ejemplo de cumplimiento del deber judicial su alteración procesal, con ocasión de la manipulación de los informes en el caso del ácido bórico, cuando citó como testigos –y, por tanto, sin abogados– a unos agentes que terminó por acusar y que eran, precisamente, los que habían denunciado la manipulación de los informes; un caso, por cierto, del que se hizo cargo Garzón sin tener competencias para ello.
También el "sentido del deber" como juez de Garzón brilló por su ausencia a la hora de impedir o de castigar los innumerables actos políticos que Batasuna perpetró durante el proceso de paz, en claro incumplimiento de la sentencia de ilegalización dictada en su día por el Supremo.
Lo cierto es que durante la "paz sucia" de ZP muchos se opusieron a los infames llamamientos gubernamentales a jueces y fiscales para que "no fueran obstáculo" y para que se avinieran a "ensuciar sus togas con el polvo del camino" teniendo presente las "nuevas circunstancias": El presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, llegó incluso a considerarlos una especie de "incitación a la prevaricación". Garzón, por el contrario, no perdió ocasión –como ha vuelto a hacer este jueves– de mostrarse partidario de este infame proceso "extrajudicial" alegando que "hay que dialogar hasta con el diablo".
Mostrarse partidario de dialogar con criminales a los que el Estado de Derecho exige sentar en el banquillo, y no en una mesa de negociación, es una muestra más no de lo que Garzón entiende por prevaricación sino, más bien, de lo alterado de su sentido del deber.
