Las consecuencias electorales de un sonado asunto de corrupción para el partido que lo protagoniza pueden llegar a ser muy importantes si los implicados tienen o han tenido gran peso en el mismo y la siguiente cita con las urnas está próxima. En el caso del PP, pocos personajes pueden identificarse más con esas siglas que Rodrigo Rato, el todopoderoso ministro de Economía de la era de Aznar, imputado en dos causas judiciales por su gestión en Bankia, a las que se suma ahora una nueva acusación por los delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. El estallido del caso Rato, además, tiene lugar a pocas semanas de las elecciones autonómicas y municipales, unos comicios en los que, a tenor de todas las encuestas, el PP puede llegar a perder su hegemonía. La conjunción de ambos factores hace que las consecuencias de este último escándalo puedan acabar siendo determinantes para el futuro inmediato del partido de Rajoy.
Nada podrían reprochar los dirigentes autonómicos y locales del PP a la dirigencia de su partido si el estallido de este asunto que afecta al exvicepresidente del Gobierno obedeciera exclusivamente a la dinámica de toda instrucción judicial. Sin embargo, la manera en que se han desarrollado los acontecimientos que llevaron a la detención de Rato, la filtración a los medios de comunicación para que estuvieran presentes cuando fue llevado a la comisaría, las declaraciones apresuradas del personal de confianza de la vicepresidenta, antes incluso de que se sustanciara el trámite policial, y, en general, el espectáculo mediático organizado en torno a las idas y venidas de Rato a su despacho, acompañado por los inspectores del grupo especial dependiente del Ministerio de Hacienda (el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria), muestran bien a las claras que estamos ante una operación alentada –o cuando menos conocida con antelación– por el Gobierno y la cúpula del Partido Popular.
Las luchas intestinas en del PP, con la vicepresidenta del Gobierno y la secretaria general del partido en abierta confrontación, y la decisión de Rajoy de someter cualquier consideración sobre el interés del partido a su propia supervivencia están agravando de manera pavorosa las ya de por sí magras expectativas de los candidatos del PP en la mayoría de comunidades y ayuntamientos.
A nadie puede extrañar que, como venimos relatando en Libertad Digital, el malestar entre los barones populares sea una marea creciente que amenaza con desbordar el tradicional sosiego que ha imperado en el PP, por duras que fueran las circunstancias. Muy distinta sería ahora la situación si hubieran ejercido a tiempo su responsabilidad como representantes de los afiliados advirtiendo a los líderes de su partido de la estrategia suicida impuesta por Rajoy y sus colaboradores más cercanos. A un mes de la cita electoral en la que miles de altos cargos del PP se juegan su futuro, las maniobras de Génova en torno a la detención de Rodrigo Rato pueden ser el factor que desencadene una tormenta política sin precedentes en el primer partido político de España.