Tras diecisiete años sin celebrar una sola comisión de investigación, el Parlamento andaluz pretende en tan sólo nueve días reunir suficientes testimonios e informaciones para depurar responsabilidades políticas por el mayor caso de corrupción de la historia autonómica, el de los ERE fraudulentos, que desde hace año y medio instruye la juez Mercedes Alaya.
La comparecencia, este miércoles, de uno de los principales imputados en el caso, el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, no por breve ha resultado menos sustanciosa. Ante la célebre testifical de su chófer, que aseguró que parte del dinero malversado era utilizado para cocaína, copas y prostitutas, Guerrero ha dicho: "Todo el mundo me tiene, y me tengo, por una persona jovial [pero] ni he sido un putero ni me he dedicado (sic) a la drogodependencia. Me tomo las copas que me apetecen, cuando me apetecen y donde quiero. Hago las cosas que cualquier persona normal".
Ante estas declaraciones hay que señalar que al "jovial" Guerrero no se le está juzgando por su supuesta afición a la compañía de señoritas, digamos, de moral distraída; o por el también supuesto consumo de sustancias que, digamos, alegran el estado de ánimo. Por lo que está encarcelado a la espera de juicio es por presunta malversación de cientos de millones de euros de los contribuyentes, mediante lo que el propio Guerrero llegó a definir en su día ante la policía como "fondo de reptiles".
Aunque el "jovial" exdirector general de Trabajo y Seguridad Social anunciara a las primeras de cambio que, siguiendo el consejo de su abogado, no pensaba responder a la comisión, su breve alocución ha incidido en las responsabilidades de quienes estaban por encima de él. "Hay muchos no imputados que pueden resolver las dudas", ha llegado a decir, en referencia a las ayudas públicas malversadas.
Ciertamente, resulta difícil creer que Guerrero pudiese desviar tal cantidad de millones de euros sin que su entonces superior directo como consejero de Trabajo, José Antonio Griñán, se enterara. En cualquier caso, lo que se supone que se está dirimiendo en esta comisión son responsabilidades políticas, no penales. Y es evidente que Griñán y el expresidente Chaves faltaron a su responsabilidad in vigilando.
Con todo, dado el formato y la celeridad que se ha impuesto a esta comisión, la probabilidad de que sirva para los fines para los que supuestamente ha sido convocada será tan escasa como la relación que hay entre el destino al que formalmente se dirigían las ayudas para la regulación de empleo y el que finalmente tuvieron. Basta ver cómo el PSOE se ha limitado a formular tres preguntas de las 41 que decía tener preparadas para Guerrero (una de ellas ha sido ésta: "¿Es cierto que fue director general de Trabajo desde 1999 a abril de 2008?") para hacerse una idea de que lo que se pretende con esta comisión no es depurar, sino ocultar las responsabilidades políticas. Vergonzoso.