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Hacer cumplir la ley no es racismo

La acusación de racismo es un exabrupto sin base real, porque ninguno de los expulsados por Francia lo ha sido por pertenecer a una etnia concreta. El día en que se demuestre lo contrario podremos especular con la existencia de otros motivos más oscuros.

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Las deportaciones de inmigrantes rumanos de etnia gitana llevadas a cabo por Francia han provocado en el seno de la Unión Europea la controversia, en algún caso subida de tono, que cabía aventurar tratándose de un asunto tan propicio para la demagogia. La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, llegó a comparar estas expulsiones con las que llevaban a cabo los nazis en el III Reich, exceso que no debiera permitirse dadas sus actuales responsabilidades.

Al margen de estas salidas de tono, más propias de políticos ociosos que de representantes de altas instituciones, es evidente que lo que está haciendo el Gobierno de Sarkozy con el problema de algunos inmigrantes rumanos no tiene absolutamente nada que ver con las acusaciones de racismo y xenofobia con que los medios de masas desinforman habitualmente a sus audiencias.

Que muchos gitanos tienen una forma de vida incompatible con los usos y las leyes de las sociedades modernas es un hecho de sobra conocido. Si además su asentamiento indiscriminado en zonas comunales –y en algunos casos en plena propiedad privada–, provoca problemas de inseguridad pública, la responsabilidad del Gobierno afectado es salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos siempre dentro de la más estricta legalidad que, salvo que se demuestre lo contrario, y aún nadie lo ha hecho, es exactamente lo que está llevando a cabo el Ejecutivo de Sarkozy.

Las leyes francesas, de acuerdo con la normativa europea para la integración progresiva de los últimos países incorporados a la UE, establecen que los rumanos pueden permanecer libremente en el país galo durante tres meses. A partir de esa fecha, han de demostrar que tienen un empleo, que están estudiando o bien cuentan con ingresos suficientes. Si ninguno de esos requisitos se cumplen, el estado francés está perfectamente capacitado para deportarlos a su país de origen, que es lo que está llevando a cabo la administración de Sarkozy de acuerdo con las leyes de cuyo cumplimiento él es el principal responsable.

La acusación de racismo es un exabrupto sin base real, porque ninguno de los expulsados por Francia lo ha sido por pertenecer a una etnia concreta. El día en que se demuestre que Sarkozy ha expulsado a un ciudadano que cumple con todos los requisitos legales para permanecer en un país miembro de la Unión Europea podremos especular con la existencia de otros motivos más oscuros.

Mención especial merece la aportación de Zapatero al debate poniéndose de parte de su homólogo francés, aunque conociendo a nuestro presidente es evidente que no se trata de un rapto de racionalidad a los que tan poco propenso resulta el personaje, sino a su deseo de saldar una vieja deuda con la comisaria Reding. Y es que la comisaria de Justicia se atrevió a calificar de chapucera la propuesta estrella de Zapatero para su presidencia semestral –una vez Obama le dio calabazas, claro–, consistente en pergeñar una normativa europea para unificar la respuesta de los gobiernos contra el maltrato de la mujer. De haber surgido las críticas a Sarkozy en otro lugar del consejo europeo, podemos estar seguros de que la reacción de Zapatero hubiera sido distinta. Es decir, tan patética como siempre.


 

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