La filtración de la declaración de la renta de Esperanza Aguirre es un episodio absolutamente insólito –es la primera vez en que un contribuyente ve cómo todos sus datos se hacen de dominio público sin haberlo consentido y sin que medie delito alguno– y extraordinariamente grave: los datos fiscales son parte de la intimidad más absoluta de las personas y, como la orientación sexual, por poner un ejemplo, pueden ser públicos si uno lo desea, pero es absolutamente infame revelarlos si no.
Varias reflexiones pertinentes pueden hacerse alrededor de este hecho. La primera es que esta revelación afecta a Esperanza Aguirre pero debe preocupar a todo el mundo: si hay alguien capaz de hacer esto a una personalidad con la relevancia y la influencia de la candidata popular a la alcaldía de Madrid, qué no estará dispuesto a hacerle a un ciudadano del común.
Otro aspecto llamativo es que se ha filtrado una declaración de la renta que no sólo no tiene el menor problema, sino que revela un cumplimiento escrupuloso de las obligaciones fiscales de un contribuyente que no recibió durante el periodo reflejado ni un euro de dinero público.
Sea como fuere, la filtración se hace pública a sólo tres días de las elecciones municipales con el evidente afán de hacer daño a Aguirre, porque en España está mal visto ganar dinero siempre que no se milite en el progresismo hipócrita o en el comunismo infecto. Los intelectuales y la gente de la cultura sí pueden ser millonarios, siempre, por supuesto, que sean progresistas o comunistas; pero en la empresa privada tener un buen sueldo es un pecado que debe ser castigado en las urnas. Una mentalidad tóxica pero por desgracia muy extendida y que tiene mucho que ver con buena parte de los problemas de este país.
Por último, pero tan importante o más que lo anterior, ha de repararse en el hecho de que el Ministerio de Hacienda vuelve a ser protagonista de un vergonzoso escándalo. Lo peor es que no cabe la sorpresa, después de que el ministro Montoro se haya pasado años amenazando con inquisiciones fiscales a media España; quizá le ha tomado la palabra un funcionario con pujos justicieros.
La Hacienda de Montoro es un caos y un peligro. Un Ministerio donde parece que todo comportamiento ilegal o inmoral tiene cabida.
En una legislatura en la que prácticamente todos los ministros presentan un balance manifiestamente mejorable, destaca negativamente Montoro, responsable de un departamento donde abundan las filtraciones, las injusticias y los comportamientos al borde de la legalidad, si no abiertamente delictivos.
Ya que no cabe esperar clemencia del organismo que esquilma fiscalmente a los ciudadanos, lo mínimo que cabría exigirle es un respeto escrupuloso por la ley y las normas básicas de un Estado de Derecho. Está visto que esto es demasiado para la Hacienda de Montoro.