Hay que neutralizar al Estado de Derecho

Tras el comunicado de alto el fuego, la Fiscalía ha cambiado de criterio, y se ha negado a solicitar la prisión incondicional del proetarra Arnaldo Otegi. Diríamos que se trata del primer gol que el mal llamado "proceso de paz" cuela al Estado de Derecho, si no fuera por los muchos que ya le ha metido con tal de lograr, "como sea" y "cuanto antes", que ETA brinde al gobierno del 14-M una "paz" electoral.

Desde que el gobierno del 14-M y sus socios parlamentarios desafiaron al Estado de Derecho ofreciendo "diálogo" a terroristas prófugos de la Justicia a cambio de una tregua, el imperio de la Ley pasó a estar en jaque por aquellos que más que nadie tenían, y tienen, la obligación de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico.

En cualquier país civilizado se hubiera tomado declaración judicial al dirigente separatista con el que los terroristas de ETA declararon, en un comunicado, haber llegado a un acuerdo en Perpiñán para diseñar "estrategias conjuntas para la desestabilización del Estado español". En cualquier país democrático, nadie con responsabilidades de gobierno se hubiera planteado una reforma constitucional que "quite lo que sobra, que añada lo que falta y que conserve lo que debe seguir siendo vigente" –tal y como dijo Maragall– con el único objetivo de intentar contentar a los socios de ETA en Perpiñán, socios suyos de gobierno. En España se pretende hacerlo, además, de forma subrepticia, a través de una ley de rango menor, como es un estatuto, ya que el gobierno del 14-M y los separatistas no tienen la mayoría necesaria para hacerlo legalmente.

Los nacionalistas, gracias a las mentiras del gobierno del 14-M, han pasado, en unos años, de reclamar una reforma constitucional para proclamar a Cataluña o el País Vasco como "nación", a decir ahora que ya no es necesaria dicha reforma pues aquella es una proclama "impecablemente" constitucional. Sólo la ceguera voluntaria o la complicidad desvinculan estas históricas concesiones políticas y jurídicas al separatismo catalán –y pronto al vasco–, del llamado pacto de Perpiñán y de las ansias de lograr, con dichas concesiones, una tregua por parte de ETA.

Cándido Conde Pumpido representa mejor que nadie ese sector del poder judicial dispuesto a doblegar el imperio de la ley a los intereses negociadores del gobierno con la organización terrorista. El fiscal general del Estado ha hecho la vista gorda ante los proetarras del PCTV y ante la misma Batasuna, mucho antes de la declaración de tregua. No ha tenido problemas en respaldar las tesis de los abogados defensores de sanguinarios terroristas, responsables de decenas de asesinatos como Henri Parot. No ha tenido empacho en neutralizar –incluso depurar– a los fiscales que, como Fungairiño, eran fieles a la firmeza de la ley, en lugar de serlo a las ansias de apaciguamiento del gobierno. Ha servido de ariete del gobierno contra todos aquellos jueces y magistrados que, como el presidente del Supremo, Jesús Hernando o el propio juez Grande Marlaska, han dejado en evidencia la calculada pasividad del Gobierno y de su fiscal.

Si Otegi, hace meses, ante una citación judicial, no podía dar crédito a su detención preguntando si aquello lo sabía Conde Pumpido, el dirigente de Batasuna puede ahora comprobar cómo Zapatero permanece fiel a los compromisos adquiridos en pro de un alto el fuego permanente. ¿Entendemos ahora mejor por qué presos de ETA como Juan Carlos Iglesias Chouzas, "alias Gadafi", y otros encarcelados en Francia, solicitaron, hace meses, cumplir sus condenas en España, a pesar de que aquí les aguardan, teóricamente, muchas más causas pendientes? Allí les aguardaba el imperio de la ley. Aquí, un esperanzador proceso de paz.

En cualquier caso, con esta bochornosa renuencia a la prisión incondicional, no empieza ni acaba la ofensiva del proceso de paz contra el Estado de Derecho. Cándido Conde Pumpido ya tiene su lugar en la más indigna historia de la carrera judicial de nuestro país. Confiemos en que en el futuro no se sumen a él los nombres y apellidos de determinados magistrados del Tribunal Constitucional.

Ay Montesquieu... Aunque sea en cómplice silencio, tu muerte la lamentarán hasta tus enterradores.