Las generosas subvenciones del Gobierno vasco al conglomerado etarra, a sus voceros y a sus simpatizantes, no son, desgraciadamente, nada nuevo. Tampoco lo es el escarnio de las víctimas del terrorismo, que ven cómo sus impuestos sirven para nutrir y fomentar las actividades de sus verdugos al tiempo que sufren todos los días el apartheid o la amenaza del coche bomba o el tiro en la nuca por negarse a comulgar con las ruedas de molino nacionalistas.
Hace ya muchos años que las pantallas de ETA reciben directa o indirectamente dinero público de manos del Gobierno vasco. Ya sea a través del clausurado Egunkaria, de la promoción y enseñanza del euskera, o de multitud de ONG, asociaciones y entidades “culturales” promovidas por el entorno de ETA-Batasuna. Y, cómo no, a través de Senideak-Gureak, la asociación de apoyo a los presos etarras, uno de los canales por los que la banda mantiene su influencia en los presos y sus familiares, para controlar su fidelidad a la “causa”, como hacía la ilegalizada Gestoras por Amnistía. Precisamente por ello, y no precisamente por motivos humanitarios, una de las principales cantinelas de los proetarras, asumida también por el gobierno de Vitoria, ha sido el acercamiento de los presos etarras a las cárceles del País Vasco: el alejamiento del entorno y la influencia de la secta terrorista ha hecho reflexionar a no pocos presos etarras que, desengañados e incluso arrepentidos de su locura criminal, ya no quieren saber nada de sus ex compañeros ni que se les utilice como moneda de cambio ni como instrumento de propaganda.
Aun a pesar de que el portavoz de Senideak fuera detenido junto con los responsables de Gestoras pro Amnistía en octubre de 2001, el Gobierno vasco insistió en seguir ayudando a esta organización. Sin embargo, una moción del PP vasco, apoyada por el PSE, hizo aflorar el escándalo en abril del pasado año; y aunque Senideak volvió a recibir entonces la subvención, el Tripartito ha optado este año por esquivar el “chiringuito” proetarra y entregar directamente el dinero a los familiares de los presos. Y esta vez, la cantidad es mucho más elevada: 200.000 euros –más de 33 millones de pesetas– que la suma habitual para los desplazamientos de los familiares entregada a Senideak, la cual oscilaba en torno a los 8 millones.
La inmoralidad de estas ayudas al entorno etarra –pues es un eufemismo pensar que los familiares de los presos estén en condiciones, aun cuando lo desearan, de dejar de comulgar con los postulados etarras (recuérdese el caso de Yoyes)– es bien patente si se tiene en cuenta que las prioridades del Gobierno vasco no pasan por la lucha contra el terrorismo, el apoyo a las víctimas o la seguridad de los amenazados por ETA –no hay más que recordar, por ejemplo, el caso de Joseba Pagazaurtundúa–, sino por incluir en su programa las reivindicaciones clásicas de la banda: el acercamiento de los presos y la secesión. Una inmoralidad aún mayor cuando se advierte que el incremento de las ayudas y la entrega directa a los familiares es a la vez un guiño a Batasuna –cuyos votos necesita Ibarretxe para aprobar su plan secesionista en el Parlamento Vasco– y un reclamo electoral para los votantes del ilegalizado brazo político de ETA, que los partidos del tripartito quieren atraerse a toda costa.
En España
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro