Desde que, hace cinco meses, Joseba Egibar ofreciera a Otegi un “plante conjunto al Estado español”, en este diario hemos venido sosteniendo que la tenaz negativa de Atutxa y el tripartito de Vitoria a disolver el grupo parlamentario de SA, así como su permanente oposición a la Ley de Partidos por la que se ilegalizó Batasuna, serían las “contrapartidas” de un pacto expreso o tácito entre el PNV-EA y ETA-Batasuna, cuyo punto de encuentro sería el plan secesionista de Ibarretxe. A cambio, ETA-Batasuna, a través de sus diputados en la cámara vasca, votaría a favor de la propuesta del lendakari y apoyaría el “referéndum” prometido por éste, en un escenario “sin violencia”, como no cesa de repetir Ibarretxe.
El martes tuvieron lugar dos nuevas confirmaciones de ese acercamiento del tripartito al conglomerado etarra. En primer lugar, Atutxa (PNV), Knorr (EA) y Bilbao (IU) aprobaron en la Mesa del Parlamento Vasco una resolución donde se “reconoce el derecho del grupo parlamentario Socialista Abertzaleak a percibir la subvención correspondiente”. Es decir, a cobrar los 30.000 euros mensuales que venían percibiendo los proetarras hasta que el interventor del Parlamento Vasco –en cumplimiento de la sentencia del Supremo, que ordenaba el pasado junio “el embargo de cuantas subvenciones o fondos públicos o privados que pertenezcan” a SA–, decidió dejar de pagarlos.
La segunda confirmación es el anuncio del recurso contra la Ley de Partidos ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con la excusa de que, aun a pesar de haber pasado con todas las garantías el filtro del Supremo (por unanimidad) y del Constitucional, se habrían vulnerado derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos. Aparte de que la infamia y la desfachatez del PNV y sus asociados es verdaderamente inaudita, pues fueron ellos quienes nombraron a Josu Ternera, uno de los jefes de ETA prófugo de la Justicia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, lo cierto es que tal recurso está reservado únicamente a los ciudadanos o a los Estados que hayan ratificado la Convención Europea de Derechos Humanos, no a un gobierno regional como el vasco. Por lo tanto, es previsible que el Tribunal no admita a trámite el recurso; no obstante, y de este modo, el Tripartito cumple también su compromiso con ETA-Batasuna haciendo ruido en Europa y arrojando sospechas sobre la limpieza del proceso parlamentario y judicial que culminó en la ilegalización del brazo político de ETA. Sospechas a las que, después del 11-S y después del manifiesto firmado por destacados intelectuales y escritores europeos en contra del nacionalismo excluyente, ya nadie en Europa puede reconocer verosimilitud alguna.
Y por si fuera poco, el voto de PNV, BNG y ERC –integrados en el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo– en contra de una asignación presupuestaria de un millón de euros para un programa de solidaridad con las víctimas del terrorismo –a propuesta del PP y el PSOE europeos–, ha redondeado una jornada de burla al Estado de derecho y a las víctimas del terrorismo, que ven cómo los nacionalistas no pierden ocasión de cumplir con ETA-Batasuna al tiempo que hacen todo lo posible para negarles a ellos tanto las ayudas como el respeto y el reconocimiento a que son acreedores.
¿Cuándo comprenderá Zapatero que obstinarse en buscar diferencias con el PP es hacerle el juego al nacionalismo totalitario?
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