A pesar del polémico e insuficiente plan de recorte de gastos que el Gobierno anunció el pasado mes de mayo las cuentas públicas siguen sin cuadrar. Hacienda cada vez recauda menos y los gastos siguen siendo cuantiosos por el empecinamiento de Zapatero en no tocar partidas presupuestarias muy onerosas, o en meter mano de una vez al desbarajuste contable de las autonomías. Así las cosas, con la Unión Europea y el FMI mirando de soslayo la preocupante evolución de la economía española, al Gobierno no le queda otro camino que apretar la tornillería fiscal a la clase media, que es quien está pagando todos los platos rotos de la crisis económica.
Subir impuestos se convierte así en la última –y previsible– tabla de salvación que le quedaba a Zapatero para poder afrontar otro año infernal, 2011, víspera electoral, que se promete aún peor y más conflictivo que el presente. Las bolsas de voto cautivo que mantiene el PSOE en Cataluña y Andalucía y los grupos de presión que viven al calor del poder exigen ser remuneradas, y no existe otro modo de hacerlo que abriendo de nuevo la espita del gasto público, ya sea en infraestructuras o en cualquier tipo de dispendio millonario encaminado a mantener la lealtad de las clientelas habituales.
Por añadidura, Zapatero no sabe de austeridades, heredó una envidiable coyuntura económica de los gobiernos de Aznar y no conoce otra manera de gobernar que gastando a manos llenas. Durante los años de bonanza esos recursos se los proporcionaba la extraordinaria actividad de la economía española fruto de la expansión del crédito y la subsiguiente burbuja inmobiliaria. Secos los dos manás de financiación pública el Estado se debate entre contraerse, que sería lo lógico, o mantener su elefantiásico tamaño actual. Privado de la política monetaria, el Gobierno sólo cuenta con una herramienta "política" para mantener el gasto: elevar los tributos tanto como sea necesario, aún a riesgo de estrangular definitivamente a la deteriorada economía nacional.
En una situación tan delicada como la actual endurecer la fiscalidad es una de las peores ideas posibles y algo muy difícil de vender ante la opinión pública, sacudida por el drama del desempleo, la restricción crediticia y la falta de expectativas. Por esa razón el Gobierno ha empezado tan pronto a preparar el terreno y lo ha hecho con una media verdad económica. Porque de los dos modos que hay de conocer la carga fiscal que soporta una sociedad ha escogido el que, estadísticamente, más le favorece, pero el económicamente menos fiable.
La mascarada pasa por convencer a los españoles de que son los que menos impuestos pagan de Europa aunque, en rigor, sea exactamente lo contrario. En lugar de tomar el indicador de "esfuerzo fiscal", que es el que ofrece una imagen más fiel de la carga tributaria que cae sobre un individuo, han tomado el de "presión fiscal", que no pasa de ser una simple relación entre recaudación y PIB. Así, se da la paradoja de que Luxemburgo tiene una "presión fiscal" nominalmente más alta que España a pesar de que los impuestos son sensiblemente más bajos en el Gran Ducado.
Los impuestos no están directamente relacionados con el PIB sino con las rentas sobre las que se aplican. Un 18% de IVA es más en España que un 25% en Dinamarca, país que duplica la renta per cápita española por mucho que José Blanco se empeñe en lo contrario. Lo mismo podría decirse de las retenciones del IRPF, que en España no son precisamente bajas, del 43% en su tramo máximo, casi la mitad del salario bruto anual de un tipo de trabajador muy productivo.
Si el Gobierno termina llevando a cabo la reforma fiscal que ha anunciado, y es muy probable que así sea ya que subir impuestos siempre ha sido de izquierdas, la economía española se va a resentir gravemente y muy probablemente se consiga justo lo contrario de lo que se persigue, es decir, que, tras el saqueo inicial, se recaudará aún menos. La salida de la crisis –si es que se sale– será aún más ardua con una economía ya definitivamente esclerotizada por el gasto público y condenada a bajas tasas de inversión.