Está visto que, con la encomiable excepción de Castilla-La Mancha, las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas no están dispuestas a ninguna clase de ajuste en sus cuentas que no pase por una nueva subida de impuestos. Este miércoles, las Juntas de Extremadura y Andalucía se han sumado al aumento de la presión fiscal que, con la misma demagógica excusa de gravar más "a los más ricos", ya han llevado a cabo comunidades como Cataluña, Asturias o Baleares.
Si en el caso de la Generalitat, "los ricos" a los que hay que hay que dar una nueva vuelta de tuerca fiscal son los que perciben unas rentas superiores a los 120.000 euros anuales, en el caso de las Juntas de Extremadura y Andalucía este grupo ya lo integran quienes tengan unas retribuciones superiores a los 60.000 y 80.000 euros, respectivamente. A esta subida del tipo marginal del IRPF en el tramo autonómico se sumarán una serie de nuevos impuestos y tasas que van desde los que gravan los depósitos bancarios hasta las bolsas de plástico, pasando, entre otros, por el que gravará la venta de determinados hidrocarburos.
Ante esta irresponsable subida fiscal, no sabemos qué nos parece más bochornoso: o que los socialistas la justifiquen con algo tan encomiable como la reducción del déficit público o que lo hagan con algo tan demagógico como es afirmando que sólo va a afectar a los "ricos".
Al margen de que en Extremadura y Andalucía, como en el resto de España, "los que más tienen" ya pagaban mucho más, tanto en términos relativos como en absolutos, esta nueva presión fiscal lo que va a hacer es que muchos exitosos profesionales opten por votar con los pies hacia comunidades en las que prosperar no esté tan fiscalmente penalizado. Otro tanto se podría decir del Impuesto de los depósitos en las entidades de crédito andaluzas: al margen de otras consideraciones, como la doble imposición, este gravamen lo que va a incentivar es el desvío de dichos depósitos a otras comunidades en las que no se penalice tan irresponsablemente al ahorro. Y de ello quienes van a salir perjudicados son el conjunto de los andaluces.
En lugar de buscar la reducción del déficit por la irresponsable vía de un aumento de impuestos (que bien pueden tener incluso efectos recaudatorios contraproducentes), lo que deberían hacer las comunidades autónomas, especialmente la andaluza, la catalana y la extremeña, es poner coto al despilfarro en el que siguen inmersas: recortar consejerías, deshacerse de televisiones tan sectarias como deficitarias, suprimir fundaciones, consorcios, empresas públicas y organismos autonómicos que les han llevado a estar entre las autonomías con mayor déficit y endeudamiento de España. Si en Andalucía se encuentra el mayor número de funcionarios de nuestro país, en Extremadura, con una población mucho menor, hay un funcionario por cada tres asalariados.
La Comunidad de Madrid, en cambio, es el mejor ejemplo de que la reducción del déficit no pasa por un aumento de los impuestos sino más bien por todo lo contrario: habiendo, no ya mantenido, sino reducido el tramo autonómico del IRPF, y habiendo suprimido muchos otros impuestos, la comunidad que preside Esperanza Aguirre es la única de España que cumple los requisitos de déficit autonómico fijados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este estableció el tope en el 2% del PIB regional y mientras Madrid lo tiene situado en el 0,7%, Extremadura y Andalucía lo tienen en el 2,7% y 2,9%, respectivamente. Por no hablar del de Cataluña, el más alto de España, que se sitúa en el 3,8%.
Que la vía de la reducción del déficit pasa, especialmente en el caso de las autonomías, por la reducción del gasto, lo demuestra también elocuentemente el silenciado estudio El coste del Estado Autonómico, recientemente publicado por la Fundación Progreso y Democracia. Tomando como base de referencia, no un ideal teórico sino lo que hacen las tres comunidades más eficientes, el estudio llega a la conclusión de que si todas las comunidades fuesen tan eficientes como ellas en el terreno del gasto corriente y del personal, se podrían ahorrar nada menos que 26.108 millones de euros, es decir, un ahorro del 2,6% del PIB nacional obtenido sólo por mejoras de funcionamiento interno.
A la vista, sin embargo, del pseudo plan de ajuste aprobado por el Gobierno, no es de esperar que Zapatero vaya a meter en cintura a nuestras despilfarradoras comunidades autónomas. Lo que cabe esperar de él es que las siga en la demagogia y en la irresponsabilidad de elevar los impuestos.