Los autos de los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz e Ismael Moreno autorizando la celebración de diversos homenajes a los presos etarras en localidades del País Vasco, constituyen un agravio a las víctimas del terrorismo, cuyos familiares han tenido que ver de nuevo cómo en las calles de sus ciudades se vuelve a exaltar a los asesinos.
Los argumentos de ambos jueces para autorizar esta defensa del terrorismo, camuflada de homenaje y de fingida protesta contra la cadena perpetua (por cierto, figura penal que nuestra Constitución no contempla), sorprenden por su ingenuidad, impropia de los titulares de una institución judicial creada precisamente para luchar contra esta lacra.
El actual código penal califica como delito la exaltación de los métodos terroristas o de sus autores, así como las conductas que supongan una humillación a las víctimas. Sin embargo, para la Audiencia Nacional, homenajear a presos condenados por delitos de sangre "no puede constituir una conducta especialmente perversa ni ha producido ni puede producir perplejidad e indignación en la sociedad". Apelando al derecho de reunión –Pedraz– y a la inhibición del juzgado para valorar la decisión gubernativa que autoriza estos actos –Moreno–, la Audiencia Nacional ha permitido que los proetarras vuelvan a tomar la plaza pública.
No puede sorprender que, tras la polémica decisión de ambos jueces, el mundo proetarra haya ido más allá de las líneas marcadas por la autorización administrativa y hayan convertido esos actos en un ejercicio claro de apoyo a los métodos terroristas, con manifestaciones pidiendo la libertad de los asesinos encarcelados y la colocación de fotografías de los presos reclamando su excarcelación. Ya está ocurriendo en Ordicia y Villabona, las dos localidades afectadas directamente por las decisiones de Pedraz y Moreno, y lo previsible es que siga ocurriendo a lo largo del verano con motivo de las fiestas que en esta época suelen tener lugar en la mayoría de pueblos y ciudades del País Vasco y Navarra.
La libertad de expresión y de reunión es un principio básico que caracteriza a las sociedades libres, salvo que se utilice para cometer delitos como el de exaltar a unos asesinos o defender la violencia terrorista. Ese es el límite que marca la ley y también el objetivo perseguido por el nuevo Ejecutivo vasco, cuyo presidente se comprometió precisamente a eliminar de las calles del País Vasco cualquier símbolo de apoyo a la ETA. Si esperaba contar con la cobertura de la Justicia, los autos de Pedraz y Moreno le habrán convencido de que el camino para conseguirlo no va a ser precisamente fácil.
Con las polémicas decisiones de la Audiencia Nacional, fruto de la particular interpretación de dos de sus particulares jueces, el Estado de Derecho da un paso atrás y los proetarras uno hacia delante. No podía haberse hecho peor ni tampoco en peor momento.