La crisis social y humanitaria sin precedentes, gestada por la desastrosa política de inmigración de este Gobierno, ha alcanzado este fin de semana un nuevo máximo tras la llegada a Canarias de otros 1.433 inmigrantes ilegales. Se trata de la cifra más alta de todo el año y la que ha hecho que los inmigrantes retenidos en el archipiélago superen ya la capacidad total de sus centros de internamiento.
La noticia coincide con la vacua advertencia hecha por la vicepresidenta Fernández de la Vega, ante la IV reunión de embajadores españoles en todo el mundo, de que "España no va a tolerar que sigan llegando indocumentados". Sin molestarse en explicar cómo lo va a impedir, la aparente firmeza de la vicepresidenta esconde un sonrojante voluntarismo, sólo superado por aquel lapidario pronóstico que hiciera el ministro Caldera, quien poco después de su irresponsable y masiva regularización de inmigrantes de hace dos años, aseguró que "España va a ser la envidia de Europa en materia de inmigración".
Si la imprevisión y los oídos sordos de este Gobierno ante las advertencias de la oposición y de nuestros socios comunitarios ya quedó entonces en evidencia, lo cierto es que, desde entonces, el Ejecutivo de Zapatero no ha querido o no ha sabido paliar el problema. A lo que se ha dedicado es a tratar de manipular y ocultar lo más posible una trágica realidad, tanto por el número de ahogados, como por los que han conseguido llegar ilegalmente, como por los estériles resultados de las tardías e insuficientes gestiones para frenar la salida en los países de origen.
Otro tanto se podría decir de la reciente, súbita y no menos publicitada gestión de la vicepresidenta ante la Unión Europea, llevada a cabo poco después de que ningún representante del Gabinete de Zapatero con competencias en inmigración se dignara a acudir al Consejo de Ministros celebrado a finales de julio. Después del desinterés y el caso omiso a nuestros socios comunitarios, ahora el Gobierno de Zapatero pretende que sea Bruselas la que le solvente un problema que, siendo global, no ha hecho sino agravarse por la irresponsabilidad del Ejecutivo español.
Si Zapatero dijo en el debate de inmigración de 2005 que "nuestra política en esta materia ha consistido en poner orden donde había desorden; legalidad donde había ilegalidad", conviene señalar que hoy hay en España más inmigrantes ilegales que antes de la regulación de Caldera. Nos tememos que la pretendida firmeza que ahora pretende inaugurar la vicepresidenta no merezca mayor credibilidad.
