"No se puede pagar dos veces por lo mismo". Una afirmación como ésta –hecha por los representantes socialistas hace escasos siete meses para oponerse al anuncio de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de introducir el llamado copago farmacéutico– ha vuelto a ser escuchada este martes. Sólo que ahora la ha pronunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y para oponerse tajantemente a una medida –la de reclamar un euro por receta– aplicada por su propio partido en la Comunidad de Madrid.
Evidentemente, la necesidad de combinar un pequeño cobro fijo de un euro por receta con el plan de la ministra de Sanidad de que el copago vaya en función de la renta, por mucho que no sea contradictorio en sí mismo, requerirá de ajustes y de diálogo entre el Gobierno autonómico y el Gobierno central; diálogo al que el presidente madrileño, Ignacio González, ya se ha mostrado totalmente dispuesto. Pero rechazar de plano esta medida, tal y como ha hecho Rajoy, amenazando incluso al Gobierno autonómico de Madrid con recurrir ante el Tribunal Constitucional en caso de que no la retire, implica algo más que el error de no ver que ambas medidas son conciliables y de que ambas tratan de lograr un ahorro para las arcas públicas mediante la disuasión del exceso de demanda que conlleva todo bien aparentemente gratuito: delata la inquina de Rajoy hacia un Gobierno autonómico de su propio partido comprometido con la reducción del gasto y del déficit públicos, lo que contrasta con su pusilanimidad ante Gobiernos nacionalistas que, como el catalán, no sólo amenazan la unidad de la nación con referendos secesionistas, sino que además se caracterizan por su ruinoso y desbocado gasto público.
Puestos a hablar de las balanzas fiscales, a las que tan engañosamente recurren los nacionalistas, podemos afirmar sin trampa alguna que la Comunidad de Madrid es la que más aporta y menos recibe de la Administración central. Para colmo, el Estado le debe 1.000 millones de euros, cuyo ingreso Rajoy retrasa sine die. Pese a ello, la Comunidad de Madrid es una de las que más está cumpliendo los objetivos de reducción del déficit, y sin haber solicitado un solo euro al Fondo de Liquidez Autonómico, cuyos fondos Rajoy acaba de aumentar de 18.000 a 30.000 millones de euros, para desgracia del contribuyente y para que los manirrotos gobernantes autonómicos puedan seguir gastando a calzón quitado.
Estamos convencidos de que el Gobierno de Ignacio González renunciaría gustoso a esta impopular medida de cobrar un euro por receta si el Gobierno de Rajoy le abonara los 1.000 millones de euros que le adeuda.
Finalmente, no podemos dejarnos en el tintero el hecho de que el Gobierno nacionalista de Mas introdujo hace ya tiempo el euro por receta, sin que hasta la fecha el Gobierno de Rajoy anunciara recurso alguno ante el Constitucional. Eso, por no hablar de los 330.000 euros que el Ejecutivo de Rajoy va a destinar a un sistema de traducción que permita a los senadores españoles entenderse sin tener que hablar en español.
Desengañémonos. Del Gobierno de Rajoy no se puede esperar que se comporte como lo haría el antiguo Partido Popular.