Hoy comienza en la Audiencia Nacional uno de los juicios más esperados de los últimos años, el correspondiente al sumario 18/2001 que instruye los vínculos entre la banda terrorista ETA y las organizaciones juveniles Haika-Segi-Jarrai, los célebres “chicos de la gasolina” que bautizó Xavier Arzallus con un eufemismo digno de juzgado de guardia. Porque es aquí donde empieza la labor de zapa del nacionalismo. Los 42 imputados en el sumario no son simples alborotadores callejeros sino parte esencial del entramado etarra. Las algaradas salvajes protagonizadas por estos jóvenes no constituyeron en momento alguno acciones aisladas, sino que respondían a una estrategia trazada desde otras organizaciones del mismo entorno. De hecho, la cohorte de abogados que acompaña hoy a los imputados está formada por los mismos profesionales que defienden al resto de tentáculos del pulpo etarra. Además, y esto no es baladí, en la vista previa celebrada esta semana, coincidieron demasiadas caras conocidas que pertenecen a otros satélites de la banda como Batasuna o Egunkaria.
Porque ETA es –y ha sido durante treinta años- mucho más que un puñado de pistoleros sanguinarios. En la singladura asesina de la banda le han acompañado una constelación de organizaciones pantalla dedicadas en exclusiva a copar la sociedad civil en áreas muy variadas. De este modo, el frente político lo cubría la tripleta HB-EH-Batasuna; el mediático las distintas publicaciones como Egin, Egunkaria o Ardi Beltza; el internacional la organización Xaqui; el relativo al control de masas las gestoras pro amnistía, las herriko tabernas y el conglomerado juvenil; y, por último, el frente financiero estaba atendido por el Proyecto Udaletxe. Todo un arco iris de organizaciones perfectamente legales pero cuyo único objetivo era dar apoyo político y soporte económico a la banda. El juicio que empieza hoy se ocupa en exclusiva de esa parte de ETA que aglutina a los grupos juveniles, semillero natural de terroristas y encargados de sembrar el pánico en las calles del País Vasco “socializando el sufrimiento” todos los fines de semana del año.
Esto es lo que quiere ocultarnos el nacionalismo moderado a través de la patética prestidigitación semántica de Arzallus. Es natural por lo tanto que el consejero de Justicia del gobierno vasco, Joseba Azkarraga, haya acudido en auxilio de los imputados. Le va mucho en ello. Por un lado ha de crearse la impresión de que lo que se juzga en la Audiencia Nacional es a un grupo de 32 revoltosos que no pasó de incendiar algunos cajeros automáticos durante una manifestación, por otro, el final del proceso se prevé para el mes de marzo, es decir, pocas semanas antes de las elecciones autonómicas vascas. Una sentencia favorable combinada con la moción presentada por Sozialista Abertzaleak en Vitoria para devolver a Batasuna a la legalidad sería una jugada maestra para el nacionalismo pero un varapalo brutal para la democracia.
Por de pronto, los nacionalistas de todas las tendencias están preparados para el desafío. En Madrid se han presentado más de 150 personas entre abogados, familiares y amigos para arropar a los imputados. Sólo la defensa cuenta con un equipo de 10 letrados escogidos entre lo más granado de la abogacía abertzale. Reputados defensores de etarras como Jone Goiricelaia o Iñigo Iruín figuran entre los abogados de los 32 procesados que hace tan sólo cuatro días lucían en la Audiencia vistosas camisetas reivindicativas para dar al juicio un toque de esa heroicidad que ETA suele inculcar a sus cachorros.
