El equipo de investigación del diario El Mundo se ha apuntado un gran tanto informativo al revelar este lunes hasta qué punto son graves las irregularidades y la mala praxis profesional detectada en el servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Prácticamente el 90 por ciento de los pacientes fallecidos que fueron sedados en este servicio dirigido por el doctor Luis Montes, murió antes de que transcurrieran 24 horas desde el inicio de la sedación. La mortalidad del hospital de Leganés triplica la de otros centros similares de la zona. Y, para colmo, en al menos 42 casos examinados por dos comisiones de médicos, la sedación fue “dudosa”, “no indicada” o “excesiva”. Existe la constatación de varios casos en los que la dosis de morfina duplicó el máximo fijado por el propio hospital.
Una cosa es aliviar el sufrimiento de un paciente y otra cosa, muy distinta, acortarle la vida para que deje de sufrir. Más aun, cuando el que se arroga el derecho es un médico que actúa sin el consentimiento de los familiares del paciente.
Visto lo visto, no hay que extrañarse de que el equipo médico del doctor Montes fuera conocido por sus colegas como “Sendero Luminoso”, ni hay que dejar de aplaudir la decisión del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, de suspender primero cautelarmente a Montes y luego destituir a los directivos del centro.
Lo que sí resulta sorprendente es la pasividad del fiscal general del Estado ante un escándalo que exige una inmediata investigación judicial, por no hablar de la bochornosa actitud mantenida por la oposición de izquierdas en la Comunidad de Madrid. En lugar de apremiar al gobierno de Aguirre y respaldar las decisiones adoptadas en protección de los pacientes, tanto PSOE como IU han sido más sensibles a las filiaciones políticas y a la fortaleza que, como grupo de presión, tenía y tiene el equipo encabezado por el doctor Montes.
