La decisión de la Audiencia de Palma de mantener la acusación contra la Infanta Cristina es una buena noticia, cuya importancia hay que poner de relieve dada la insoportable politización de la Justicia en España. El tribunal ha desestimado la pretensión de la defensa de la infanta, que había solicitado la el archivo del caso en lo que se refiere a la responsabilidad penal de doña Cristina, una tesis que también apoyaron la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en nombre de Hacienda.
Las tres magistradas que componen el órgano juzgador han hecho caso omiso a todas las presiones para aplicar la llamada doctrina Botín y, en un auto ejemplar, han defendido el interés público que los órganos del Estado, de manera vergonzosa, han renunciado a proteger en un caso tan señalado.
Desde la conocida reunión convocada por el rey Emérito para evitar a la Infanta pasar por el banquillo –a la que asistió, servicial, el actual presidente del Gobierno con los responsables de Justicia y la Fiscalía-, toda la acción de la poderosa maquinaria del Estado ha ido dirigida a exculpar anticipadamente a la hija del rey Juan Carlos de un caso que le afecta directísimamemente, dada su condición de copropietaria y beneficiaria, al 50 por ciento, de los fondos públicos percibidos de manera presuntamente ilegal por su esposo a través de un entramado societario fraudulento.
Para el abigarrado catálogo de la ignominia política quedan las declaraciones públicas de Rajoy, cuando afirmó en una entrevista televisada que a la Infanta le iba a ir muy bien, y los esfuerzos denodados de la fiscalía y los representantes de la Hacienda Pública por disculpar infracciones fiscales que en cualquier otro caso habrían llevado a sus autores a la cárcel de manera preventiva.
Al margen de lo que ocurra con la sentencia, la imagen de la Justicia se ha visto ya reforzada por la decisión de las magistradas que componen el tribunal del caso Nóos. La presencia de la Infanta Cristina en el banquillo no prejuzga necesariamente su culpabilidad, pero reconcilia a los ciudadanos con la idea de una Justicia imparcial, sin cuya existencia no es posible hablar de un verdadero Estado de derecho.