La Asamblea de Madrid ha aprobado este miércoles, con el apoyo del Partido Popular y la abstención de PSOE e Izquierda Unida, una resolución que insta al Gobierno regional a adoptar "las medidas necesarias para reforzar la figura del profesor" mediante la remisión a esta cámara de un Proyecto de Ley de Autoridad del Profesor. Por mucho que existan discrepancias sobre a quién le compete elevar a los profesores a rango de autoridad jurídico-penal, la propuesta de Esperanza Aguirre se hace eco de un amplio consenso social favorable a que las aulas recuperaren la disciplina, el respeto al profesor y normas nítidas de convivencia escolar. En el curso 2007-08 se registraron 2.175 denuncias ante la Asociación Nacional de Profesores Estatales de Madrid y sólo en la mitad del pasado curso (de septiembre de 2008 a febrero de este año) se anotaron ya 2.400. El 10% de los profesores denunciaron una agresión de alumnos en la primera mitad del curso pasado y el 2% provenientes de padres y familias.

Ante esta situación, se podrá afirmar que la propuesta de Esperanza Aguirre –que como ella misma ha afirmado no pretende ser ni la primera ni la única en elevar a rango de autoridad pública al profesorado–, siendo necesaria, no es suficiente para acometer una tarea en la que deben estar concernidos no sólo los alumnos, sino todas las instancias educativas y, muy en especial, los padres. Ahora bien, las objeciones planteadas por PSOE e IU para justificar su bochornosa abstención no han ido en este sentido, ni tampoco en una supuesta falta de competencias sobre en una materia propia del Estado o que pueda requerir su aprobación como ley orgánica por afectar a derechos fundamentales. La objeción de PSOE e IU en la cámara autonómica se ha justificado por no ir acompañada de ningún plan económico para mejorar la inversión autonómica en educación.

Resulta bochornoso que la izquierda, después de haber denigrado ideológicamente el valor de la autoridad en general y la del profesor en particular como algo reaccionario y despótico, se muestre incapaz de afrontar cualquier problema si no es mediante una elevación del gasto público. Sin embargo, si la propuesta de Aguirre para que en las aulas se recupere la autoridad, la disciplina y el respeto al profesor resultase parcial e insuficiente, lo será no porque los ciudadanos no la acompañen con un nuevo esfuerzo como contribuyentes sino porque no la respalden como padres. Los padres no pueden aspirar a que en las aulas se inculque a sus hijos lo que ellos no les transmiten en sus casas. No digamos ya nada cuando los progenitores, como ha ocurrido este mismo miércoles con un padre detenido por agredir a una directora de un instituto de Vallecas, son los primeros en atentar contra los profesores cuando estos tratan de imponer orden y disciplina en las aulas.

Asimismo, que el profesor sea reforzado legalmente en su potestad, no supone que este no tenga que hacer un esfuerzo para imponer su autoridad mediante la competencia profesional, el prestigio y la dedicación. De poco sirve la potestad legal sin autoridad moral.

Es por todo esto por lo que la reforma educativa debe ir mucho más allá de iniciativas legales como la propuesta por Esperanza Aguirre, y lograr el mayor consenso social posible. Ahora bien. Eso no significa que haya que contar con quienes son incapaces de desempolvarse de sus sentayochistas complejos ideológicos respecto al valor de la autoridad o con quienes sólo parecen hacerse cargo del problema, no para solucionarlo, sino para sacar más dinero del bolsillo del contribuyente.