Que el ministro de Industria Joan Clos adelantase el pasado martes "lo difícil" que lo tendría E.On en su OPA sobre Endesa, horas antes de que la compañía Enel –controlada por el Estado italiano– diera orden de compra de hasta un 10 por ciento de la eléctrica española, demostró, en bochornosa aunque involuntaria forma, el conocimiento y el respaldo previo del Gobierno de Zapatero a esta operación, en la que siguen primando los intereses políticos. No hay que olvidar que la OPA de E.On desbarató en buena lid la de Gas Natural, que había sido impulsada por el Gobierno de Zapatero y el tripartito catalán contra los dictámenes de Defensa de la Competencia y la legislación europea.
Si el ministro de Economía, nada más producirse las declaraciones de Clos, quiso desmarcarse de su compañero de gabinete, al señalar que "la última palabra la tiene el mercado", el portavoz socialista, José Blanco, atribuyó posteriormente las delatoras y bien fundadas declaraciones del ministro de Industria, no al conocimiento previo de la maniobra, sino a su "buena intuición".
Aunque Blanco, con lo de "la buena intuición" de Clos, provocara una carcajada entre sus oyentes, lo cierto es que la desfachatez del portavoz socialista no puede ser más lamentable. Más aun, después de que la propia eléctrica italiana haya tenido que reconocer contactos de hace escasas dos semanas, con el propio Clos y el asesor económico de Zapatero, para tratar "asuntos relativos a su posicionamiento en España".
Al margen de que la compañía italiana haga suya la desfachatez del Gobierno de Zapatero y pretenda hacer creer a la CNMV que, entre esos "asuntos" no trataron la inminente compra del 10 por ciento de Endesa y su inminente solicitud a la Comisión Nacional de la Energía para elevar la participación hasta el 25%, resulta ciertamente "difícil" que la OPA de E.On pueda seguir adelante, teniendo en cuenta que, antes de la irrupción de Enel, Acciona ya se hizo con el 20 por ciento del accionado de Endesa que cotizaba en bolsa.
La CNMV deberá velar porque la legislación se cumpla ante los riesgos de colusión de esta operación y salvaguardar la ley sobre OPAs, que veta determinados acuerdos con compañías que no hayan competido en la misma. Eso, por no hablar del decreto en vigor que impide que empresas de carácter público puedan comprar, sin autorización previa, acciones de compañías privatizadas.
Por muchos deseos de venganza que el Gobierno de Zapatero tenga contra E.On, lo cierto es que, si la compañía alemana tira la toalla, serán los pequeños accionistas los principales perjudicados. Eso, por no hablar de la imagen, más que italiana, bananera, que tendrá nuestro país ante los inversores extranjeros. Todo por culpa de un irreprimible intervencionismo gubernamental, cuyo tufo son los propios miembros del Ejecutivo los primeros en airear.
