Los llamamientos a la reforma de la Constitución han vuelto a protagonizar el aniversario de su aprobación en referéndum, así como los desplantes y desprecios a la propia Ley Fundamental de los nacionalistas y la extrema izquierda.
Es innegable que la reforma podría ser una manera de reforzarla, tal y como aseguran el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Sin embargo, no es menos cierto que para llevar a cabo cualquier reforma constitucional de calado es necesario tener claro qué se quiere modificar y contar con el acuerdo suficiente para ello. Como es público y notorio, ninguna de las dos condiciones se cumple hoy en día.
En las mismas filas socialistas donde hay un Pedro Sánchez y un Miquel Iceta que proclaman que España es una "nación de naciones" hay un Javier Fernández y muchos otros que aseguran que no hay más nación que España. En el PP hay un Catalá y un Margallo proclives a "encajar el hecho catalán en términos constitucionales en la realidad hispánica" y una Rosa Montero que abiertamente se opone a "una reforma de la Constitución para dar cabida al separatismo catalán o para que ciertas comunidades autónomas salgan más favorecidas". ¿Y Ciudadanos? ¿Se atrevería la formación de Albert Rivera a erradicar de la Carta Magna las tóxicas concesiones que se hicieron en su día a los nacionalistas vascos y catalanes con el vano deseo de contentarlos y sumarlos al proyecto común? ¿Eliminarían los de Rivera los privilegiados conciertos de que disfrutan el País Vasco y Navarra? ¿Suprimiría Ciudadanos del texto constitucional esa manipulación del lenguaje que distingue entre regiones y "nacionalidades"?
¿Y qué decir del resto de formaciones parlamentarias, los nacionalistas y los neocomunistas de Podemos, que cuando no ignoran la Ley Fundamental tratan de dinamitarla?
Finalmente, ¿qué sentido tiene cambiar la Constitución si buena parte de la clase política no la cumple o no la hace cumplir? Claro que tal vez sea éste el meollo de la cuestión: a diferencia de la clase política, la Carta Magna no despierta la menor preocupación en sentido negativo entre la ciudadanía.